Fiscalía pide investigar a Ricardo Roa por presunto lavado de activos en $63.677 millones
Imagen: infobae colombia
La Fiscalía pidió investigar al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunto lavado de activos en operaciones que habrían movido $63.677 millones en pocos meses de 2022. El caso abre una nueva presión sobre la estatal más importante del país y sobre la campaña que llevó a Roa a la presidencia de la empresa.
La Fiscalía puso bajo la lupa al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa al pedir que se le investigue por presunto lavado de activos, en un expediente que describe movimientos cercanos a los $63.677 millones entre el 26 de enero y el 1 de junio de 2022. El señalamiento, divulgado por infobae colombia, eleva la temperatura de un caso que ya venía generando ruido político y corporativo alrededor de una de las figuras más influyentes de la estatal petrolera.
De acuerdo con la información conocida, el monto habría circulado a través de siete productos financieros en apenas unos meses, una secuencia que para los investigadores resulta lo suficientemente llamativa como para activar una revisión formal sobre el origen y destino de los recursos. La cifra no es menor: en pesos colombianos, supera con amplitud el umbral de muchas operaciones ordinarias y pone en el centro la trazabilidad de un flujo de dinero que, según el expediente, merece una explicación detallada por parte de las autoridades y del propio Roa.
El caso importa no solo por el nombre del investigado, sino por el lugar que ocupó y ocupa Ecopetrol en la economía nacional. Cualquier sombra sobre la conducción de la empresa repercute en la confianza de los mercados, en la discusión sobre la gobernanza de sus directivos y en la credibilidad de los procesos que rodean la política energética del país. Además, el periodo al que alude el expediente coincide con un momento sensible en la vida pública colombiana, cuando la frontera entre actividad política, manejo de recursos y financiación de campañas suele quedar bajo escrutinio. Por eso, más allá de la dimensión penal, esta investigación amenaza con abrir un debate mayor sobre controles, debida diligencia y la forma en que se mueven grandes sumas de dinero en el país.
Lo que sigue dependerá de la solidez de las pruebas que la Fiscalía logre consolidar y de la capacidad de la defensa para desmontar la sospecha. Pero el solo hecho de que se haya pedido investigar a quien estuvo al frente de Ecopetrol ya marca un precedente incómodo para una empresa que administra activos estratégicos del Estado. En Colombia, donde la desconfianza ciudadana hacia las élites económicas y políticas sigue siendo alta, este tipo de expedientes no se leen solo como una pelea judicial: también se convierten en un termómetro de hasta dónde llega el poder y qué tan lejos pueden llegar las instituciones para examinarlo.
