FLIP rechaza orden de arresto contra periodista Alejandro Villanueva y denuncia riesgos para su seguridad
Omar RodríguezHace 1 hora
El Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá impuso dos días de arresto y una multa de cuatro salarios mínimos al periodista del medio Desigual. La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó la sanción y denunció que sus datos personales fueron expuestos durante el procedimiento judicial. SANA Prensa Independiente | Colombia | Libertad de prensa | 24 de octubre de 2026
Una decisión judicial contra el periodista colombiano Alejandro Villanueva, del medio digital Desigual, abrió una controversia sobre los límites de las órdenes de rectificación, las garantías procesales y la protección de los comunicadores que investigan asuntos de interés público.
El Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá impuso al periodista una sanción de dos días de arresto en instalaciones de la SIJIN y una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, por desacato a una decisión judicial.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó la medida el 23 de octubre y advirtió que el procedimiento también habría comprometido la seguridad de Villanueva al permitir que la contraparte accediera a información personal sobre su ubicación.
La sanción debe ser revisada por un juez superior.
¿Cómo comenzó el proceso judicial?
El caso se originó en una acción de tutela presentada por José Gregorio Arias Rojas contra Alejandro Villanueva, relacionada con publicaciones difundidas por el medio Desigual.
Según la FLIP, el juzgado ordenó retirar determinados contenidos y efectuar rectificaciones en redes sociales.
Villanueva manifestó que no había recibido notificación del fallo en las condiciones correspondientes.
Posteriormente, el despacho judicial declaró el desacato por el incumplimiento de las órdenes de retirar publicaciones y rectificar.
La controversia exige distinguir entre la existencia de una decisión judicial y la discusión sobre su legalidad, proporcionalidad y cumplimiento de garantías procesales.
El ejercicio del periodismo no exime de responder ante los tribunales. Sin embargo, las medidas judiciales que afectan publicaciones periodísticas deben respetar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de todas las partes.
La FLIP denuncia exposición de información personal
Uno de los aspectos más delicados del caso es el tratamiento de los datos personales del comunicador.
De acuerdo con la FLIP, el juzgado solicitó a una empresa información relacionada con las direcciones y los datos de contacto de Villanueva.
La empresa advirtió que esos datos tenían carácter confidencial y debían mantenerse bajo reserva.
Pese a ello, según la organización, la información fue incorporada al expediente y quedó accesible para la contraparte del proceso.
La fundación cuestionó la necesidad de divulgar datos que pudieran facilitar la localización del periodista, particularmente ante los riesgos que denunció para su seguridad.
La existencia de una controversia judicial sobre publicaciones no demuestra, por sí misma, que resulte necesario divulgar información privada sobre el domicilio de quien ejerce el periodismo.
Una sanción que todavía debe ser revisada
La orden de arresto y la multa fueron impuestas dentro de un incidente de desacato.
La FLIP considera que las medidas son desproporcionadas y tienen un efecto intimidatorio sobre el periodista.
No obstante, el cuestionamiento de la organización debe diferenciarse de una decisión judicial que declare inválida la sanción.
Según el pronunciamiento de la fundación, corresponde al superior judicial revisar la medida.
Hasta que exista información actualizada sobre esa revisión, no debe presentarse la decisión como definitivamente ejecutada ni afirmar que Villanueva ya cumplió los días de arresto.
Libertad de prensa y protección judicial
El caso plantea una discusión que trasciende la situación individual de Alejandro Villanueva.
Los periodistas tienen responsabilidades frente a la veracidad de sus publicaciones, la rectificación y los derechos de las personas mencionadas en sus investigaciones.
Al mismo tiempo, las autoridades judiciales deben garantizar que sus decisiones no impongan restricciones injustificadas sobre la libertad de expresión ni expongan innecesariamente a los comunicadores a riesgos personales.
Cuando una disputa sobre publicaciones periodísticas termina con una orden de arresto, una multa y cuestionamientos sobre la exposición de información privada, resulta indispensable examinar con rigor cada actuación.
La FLIP solicitó medidas para proteger los datos personales de Villanueva y una revisión exhaustiva de la sanción.
Las preguntas que permanecen abiertas
El pronunciamiento de la FLIP permite conocer las razones de su preocupación, pero no sustituye el expediente judicial completo.
Para esclarecer el alcance de la controversia será importante conocer los fundamentos de la tutela, las constancias de notificación, la motivación del incidente de desacato y la decisión que adopte el juez superior.
También debe determinarse qué medidas se implementaron para proteger los datos personales incorporados al expediente.
La libertad de prensa y la protección de los derechos de terceros no son obligaciones incompatibles. El desafío es garantizar que los procedimientos judiciales respeten ambas sin introducir riesgos innecesarios para quienes investigan y publican información de interés público.
Fuente principal: Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), comunicado del 23 de octubre de 2026, Decisión desproporcional somete a Alejandro Villanueva a detención intramural.

Corresponsal | Periodista investigativo
Omar Rodríguez es periodista, corresponsal y periodista investigativo de SANA Prensa Independiente, con base en Nueva York. Cuenta con más de una década de experiencia vinculada al ejercicio periodístico y a la cobertura de temas de interés público, actualidad, migración, derechos humanos, comunidad y asuntos institucionales.
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