Gerente del Fondo Milagro falta al Congreso y crece presión por los recursos
Imagen: El Tiempo - Política
El Fondo Milagro volvió al centro del debate político luego de que el gerente Jaime Andrés Uribe, con salario de $39,4 millones, faltara a las tres últimas citaciones del Congreso. La ausencia alimentó la decisión del presidente De La Espriella de ordenar el reverso de los salarios en medio de cuestionamientos por la ejecución de recursos.
El escándalo alrededor del Fondo Milagro sumó un nuevo capítulo con la ausencia reiterada de su gerente, Jaime Andrés Uribe, quien devenga un salario de $39,4 millones y no asistió a las tres últimas citaciones del Congreso. El dato no es menor: en un momento en que la ejecución de los recursos está bajo la lupa, la silla vacía de quien debe responder por el manejo del fondo termina amplificando las sospechas y la presión política sobre la administración.
Según informó El Tiempo - Política, la conducta de Uribe se convirtió en uno de los argumentos que llevó al presidente De La Espriella a ordenar reversar los salarios. Más allá de la medida en sí, el episodio revela un problema de fondo: la falta de rendición de cuentas en un esquema que, por el volumen de recursos involucrados y el escrutinio público que enfrenta, exige transparencia, resultados y presencia institucional. Que el funcionario encargado de explicar el estado de la ejecución no comparezca ante el Congreso agrava la percepción de opacidad.
Este tipo de tensiones no es nuevo en la política colombiana, pero sí se vuelve especialmente sensible cuando toca dineros públicos asociados a promesas de impacto social. Si la ejecución va lenta, si hay dudas sobre el destino de los recursos y si además el principal responsable esquiva el control político, el mensaje para la ciudadanía es devastador: el Estado exige disciplina al ciudadano, pero no siempre la practica hacia adentro. En un país donde la desconfianza en las instituciones ya es alta, casos como este terminan erosionando aún más la credibilidad del gobierno y fortaleciendo la narrativa de que el control legislativo sigue chocando con el poder ejecutivo.
Lo que ocurra ahora dependerá de si el Gobierno logra explicar con claridad qué pasó con los recursos, por qué se ordenó el reverso de los salarios y cuándo responderá Uribe ante el Congreso. Sin esas respuestas, el Fondo Milagro corre el riesgo de convertirse no en un símbolo de gestión pública, sino en otro expediente de promesas, recursos y evasivas que termina pasando factura en la opinión pública.
