Bogotá defiende las fotomultas: asegura que bajaron 30 % las muertes en vías vigiladas
Imagen: infobae colombia
La Alcaldía de Bogotá salió a defender las fotomultas de velocidad y aseguró que las cámaras no son un negocio, sino una herramienta que ha reducido en 30 % las muertes en los tramos vigilados entre 2022 y 2024. La discusión vuelve a poner bajo la lupa el destino de más de $552.000 millones recaudados.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá salió a blindar el uso de las cámaras de fotomultas y a defender una política que, aunque sigue generando rechazo ciudadano, según la entidad ha tenido un efecto concreto en la seguridad vial: entre 2022 y 2024, los tramos vigilados registraron una reducción promedio del 30 % en las personas fallecidas. En una ciudad donde el exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de siniestros graves, el argumento de la administración es claro: estas cámaras no están pensadas como caja registradora, sino como un mecanismo de control que, en sus palabras, salva vidas.
El debate, sin embargo, no se agota en el dato de la reducción de muertes. De acuerdo con la información conocida por Infobae Colombia, el tema volvió a tensarse por el volumen de recursos obtenidos a través de estas sanciones: más de $552.000 millones recaudados, una cifra que alimenta sospechas sobre si el sistema está diseñado para corregir conductas peligrosas o para sostener el funcionamiento interno de la Secretaría. Briceño respondió a esas críticas y sostuvo que parte de ese dinero terminaría cubriendo gastos de burocracia de la entidad, una admisión que, lejos de cerrar la discusión, le da más combustible a quienes piden revisar con lupa el modelo de fotodetección en la capital.
La controversia importa porque toca un punto sensible para cualquier política pública en movilidad: el equilibrio entre sanción, prevención y confianza ciudadana. Bogotá, que convive a diario con accidentes, congestión y una cultura vial todavía frágil, necesita mecanismos que reduzcan la siniestralidad, pero también reglas transparentes que eviten que el control se perciba como una industria de multas. Cuando la administración presenta resultados en mortalidad, está defendiendo el criterio más importante de todos: la vida. Pero cuando aparecen dudas sobre el destino de los recursos, el debate se desplaza hacia la legitimidad del sistema y hacia una pregunta incómoda para el Distrito: ¿las cámaras están educando conductores o financiando una estructura administrativa que la ciudad ya mira con desconfianza?
En el fondo, el caso revela un dilema que Bogotá no ha resuelto del todo. Nadie discute que la velocidad mata; lo que sí se discute es si el instrumento elegido para frenarla está siendo aplicado con suficiente transparencia y proporcionalidad. Si la administración quiere sostener la defensa de las fotomultas, tendrá que demostrar no solo que disminuyen los muertos, sino también que cada peso recaudado tiene un uso claro y verificable. En una ciudad marcada por la desconfianza hacia las sanciones de tránsito, los resultados en seguridad vial son una parte de la ecuación; la otra, igual de importante, es la rendición de cuentas.
