Transparencia por Colombia cuestiona si Petro fue indulgente ante la corrupción
Imagen: El Tiempo - Política
Transparencia por Colombia puso bajo la lupa al Gobierno Petro y cuestionó si su discurso anticorrupción ha sido acompañado por decisiones coherentes. La discusión deja una pregunta de fondo: si hubo tolerancia política frente a las irregularidades que han golpeado a la administración.
El debate sobre la corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro ya no gira solo en torno a los casos revelados, sino a la forma en que el poder ha reaccionado frente a ellos. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, planteó en entrevista con Mauricio Reina para El Tiempo - Política que el problema no se agota en la existencia de escándalos, sino en la señal política que envía una administración que llegó al poder prometiendo romper con las viejas prácticas y terminó enfrentada a cuestionamientos por su respuesta ante ellas. En esa lectura, la pregunta no es únicamente qué ocurrió, sino si hubo, por acción u omisión, una tolerancia institucional que debilitó el mensaje anticorrupción del propio Gobierno.
El análisis de Hernández se ubica en un momento delicado para la Casa de Nariño, marcada por denuncias, investigaciones y choques públicos alrededor de la integridad en la contratación y el manejo político de varias entidades. Según el dirigente de Transparencia por Colombia, el liderazgo gubernamental frente a estos episodios resulta decisivo porque define si la lucha contra la corrupción se convierte en una política real o queda reducida a una bandera discursiva. En un país donde la corrupción no solo drena recursos públicos sino que deteriora la confianza en las instituciones, cada señal desde la Presidencia y sus ministerios pesa más de lo que parece: un nombramiento cuestionado, una reacción tardía o una defensa política equivocada pueden terminar normalizando conductas que deberían ser corregidas con rapidez y sin ambigüedades.
Ese es, precisamente, el punto de fondo que deja la intervención de Transparencia por Colombia: no basta con denunciar la corrupción de los adversarios ni con presentarse como gobierno del cambio; la credibilidad se construye cuando la vara ética se aplica hacia adentro, incluso si eso implica costos políticos. El caso Petro resulta especialmente sensible porque llegó al poder con un discurso que prometía limpiar la relación entre Estado y contratistas, desmontar redes clientelistas y poner en el centro la transparencia. Si la administración no responde con claridad a los escándalos que la rodean, el daño trasciende lo reputacional y se convierte en una señal peligrosa para el resto del aparato público. En un país acostumbrado a que la indignación dure poco, la diferencia entre prometer probidad y ejercerla puede terminar definiendo el legado de un gobierno.
