Fuerzas Militares auditan oficina de armas por presuntos cobros irregulares
Imagen: infobae colombia
Las Fuerzas Militares ordenaron una auditoría en la oficina que controla el porte y tenencia de armas en Colombia, tras denuncias sobre presuntos cobros irregulares en trámites. La revisión apunta al DCCAE, donde se gestionarían permisos y otros procedimientos sensibles.
El Comando General de las Fuerzas Militares ordenó una auditoría en el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) luego de recibir alertas sobre posibles pagos irregulares para adelantar trámites relacionados con armas. La decisión pone bajo revisión a una dependencia clave en el control estatal de permisos, tenencia y otros procedimientos que, por su naturaleza, exigen trazabilidad y estricta vigilancia.
Según informó Infobae Colombia, la inspección busca establecer si dentro de esa oficina se habrían presentado cobros indebidos o intermediaciones no autorizadas para gestionar solicitudes de ciudadanos y empresas vinculadas al manejo de armas. La orden del alto mando no solo apunta a verificar irregularidades administrativas, sino también a determinar si existen fallas en los controles internos que permitan estas prácticas. En una estructura donde cada permiso puede tener implicaciones directas en seguridad pública, cualquier sombra sobre la integridad del proceso resulta especialmente delicada.
El caso importa porque el DCCAE no maneja un trámite menor: allí se concentra parte del control institucional sobre un asunto que, en Colombia, está directamente ligado al riesgo de desvío de armas, al mercado ilegal y a la seguridad ciudadana. Si las denuncias se confirman, no se trataría únicamente de un posible acto de corrupción burocrática, sino de un problema con impacto más amplio sobre la confianza en la cadena de custodia y supervisión del armamento. En un país donde el Estado intenta contener la circulación ilegal de armas, cualquier fisura en la entidad encargada de regularlas abre preguntas incómodas sobre vigilancia, responsabilidad y acceso a estos permisos.
Por ahora, la auditoría deberá establecer qué ocurrió, quiénes estarían involucrados y si hubo pagos exigidos de manera informal para acelerar o facilitar trámites. Más allá del resultado, el episodio deja una señal clara: cuando el control de armas se contamina, no solo se compromete una oficina, sino una pieza central del aparato de seguridad del país.
