Fujimori endurece su agenda migratoria y busca más tiempo para expulsar a indocumentados
Keiko Fujimori empuja en Perú una reforma para alargar la detención de migrantes irregulares y acelerar su expulsión, una propuesta que mezcla seguridad, política migratoria y presión sobre el Congreso. La iniciativa llegó tras su reunión con Marco Rubio y el ingreso de Perú al Escudo de las Américas.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, quiere que el Congreso le dé más margen para retener a migrantes en situación irregular que, según su gobierno, estarían vinculados a redes criminales transnacionales. La apuesta es clara: ampliar el tiempo de detención para completar trámites de expulsión antes de que los retenidos queden en libertad, una movida que endurece la política migratoria en nombre de la seguridad ciudadana y que, en la práctica, puede redefinir el trato a miles de personas extranjeras en el país.
En entrevista con la emisora Exitosa, Fujimori sostuvo que para aplicar esa estrategia no basta con la voluntad política: también necesita facultades legislativas que permitan extender el periodo de detención mientras se resuelven los procesos administrativos. La mandataria aseguró además que el tema fue conversado este jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Lima, y lo enmarcó en su objetivo de expulsar a los migrantes indocumentados y devolverlos, principalmente, a Venezuela. La jefa de Estado también pidió al Parlamento avanzar con rapidez en un paquete más amplio de poderes para legislar sobre seguridad ciudadana, migración y nacionalidad.
La discusión no ocurre en el vacío. Fujimori aprovechó la visita de Rubio para anunciar el ingreso de Perú al Escudo de las Américas, la coalición regional contra el crimen organizado impulsada por Donald Trump y a la que ya se han sumado varios gobiernos latinoamericanos de derecha. Ese giro confirma una línea política que mezcla cooperación internacional, discurso de mano dura y una lectura cada vez más securitizada de la migración. El problema, sin embargo, es el de siempre: cuando se amplía la capacidad del Estado para detener más tiempo a personas sin papeles, la frontera entre control migratorio y vulneración de derechos se vuelve peligrosamente delgada. Y en países como Perú, donde el sistema de justicia y la capacidad policial arrastran debilidades estructurales, la promesa de expulsiones rápidas puede chocar con la realidad institucional.
Fujimori insiste en que la delincuencia organizada ya no respeta fronteras y que los Estados deben coordinarse para enfrentarla. Su argumento encuentra eco en una región golpeada por bandas transnacionales, tráfico de personas y economías ilegales, pero también abre una pregunta incómoda: hasta dónde puede avanzar un gobierno en nombre de la seguridad sin convertir a la población migrante en blanco político. En momentos en que América Latina endurece su discurso contra la migración, la decisión de Perú puede convertirse en un nuevo termómetro de una tendencia regional: más control, más detención y menos garantías para quienes quedan atrapados entre la precariedad migratoria y la narrativa del enemigo interno.
