UNP retira esquema de seguridad a tres protegidos del Gobierno Petro
Imagen: El Tiempo - Política
La UNP retiró el esquema de seguridad que el Gobierno Petro había asignado a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, según confirmaron fuentes del Gobierno Nacional. Los tres podrán apelar la decisión, en medio de un debate sobre riesgos, protección y uso de recursos públicos.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar el esquema de seguridad que el Gobierno de Gustavo Petro había asignado a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, una decisión que ya fue confirmada por fuentes del Gobierno Nacional a El Tiempo - Política. Los tres protegidos, sin embargo, tendrán la posibilidad de apelar el retiro, en un escenario que vuelve a poner sobre la mesa cómo el Estado define a quién protege y bajo qué criterios.
Aunque por ahora no se han divulgado públicamente los motivos específicos de la determinación, la decisión tiene un peso político evidente. La UNP es la entidad encargada de evaluar riesgos y asignar medidas de protección a personas que, por su oficio, exposición pública o amenazas, requieren acompañamiento estatal. Cuando esa cobertura se retira, no solo cambia la seguridad inmediata de los beneficiarios: también se envía una señal sobre la valoración que hace el Gobierno de sus niveles de riesgo y de la pertinencia de mantener costosos dispositivos de escolta, vehículos o apoyos logísticos.
El caso no es menor porque toca una discusión sensible en Colombia: la tensión entre la protección de personas vulnerables y la vigilancia sobre el uso de los esquemas, que suelen ser objeto de críticas por su alto costo y, en algunos casos, por presuntos abusos o asignaciones discutidas. En un país donde líderes sociales, periodistas, activistas y figuras políticas siguen siendo blanco de amenazas, cada retiro de protección abre preguntas sobre si el Estado está afinando sus criterios o, por el contrario, dejando expuestas a personas que todavía podrían estar en riesgo. Para la opinión pública, el asunto importa porque la seguridad personal no es un privilegio político, sino una herramienta de prevención que puede marcar la diferencia entre la vida y la vulnerabilidad.
Ahora la atención pasa a lo que ocurra con las eventuales apelaciones. Si los afectados logran demostrar que persisten las condiciones de amenaza, la UNP podría verse obligada a revisar su decisión. Si no, el retiro quedará como otro episodio de depuración de esquemas en una administración que ha prometido revisar con lupa estos casos. En cualquier escenario, el mensaje es claro: la protección estatal en Colombia sigue siendo un terreno de disputa entre la necesidad de blindar vidas y la obligación de justificar cada recurso público invertido.
