Liga Peruana de Vóley exigirá contratos profesionales tras el caso Aixa Vigil
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La Liga Peruana de Vóley endurecerá sus reglas y exigirá contratos profesionales a las jugadoras, una medida que se aceleró tras el caso Aixa Vigil. Gino Vegas adelantó que primero conversará con los clubes, pero dejó claro que, si no cumplen, se aplicará el reglamento.
La Liga Peruana de Vóley entró en una nueva etapa de fiscalización laboral. El presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, confirmó que los clubes deberán empezar a exigir contratos profesionales a sus jugadoras, una decisión que se activa luego del ruido generado por el caso Aixa Vigil y que busca cerrar una zona gris que durante años ha alimentado reclamos dentro del campeonato.
Vegas explicó que la federación no quiere imponer el cambio de forma unilateral sin antes conversar con los equipos, por lo que en los próximos días sostendrá una reunión con los clubes para explicar el alcance de la medida y ordenar su implementación. Sin embargo, el mensaje de fondo fue inequívoco: no se trata de una recomendación, sino de una exigencia. Si algún club decide ignorar la disposición, la respuesta será la aplicación del reglamento vigente, lo que abre la puerta a sanciones y a una mayor presión para formalizar una competencia que, en la práctica, viene creciendo en visibilidad, pero todavía arrastra deudas en materia de profesionalización.
El anuncio no es menor. En el deporte peruano, y especialmente en el vóley, la discusión sobre contratos, derechos laborales y condiciones de competencia ha estado presente de manera intermitente, casi siempre empujada por conflictos puntuales antes que por una política sostenida. Por eso el caso Aixa Vigil funcionó como detonante: puso sobre la mesa una pregunta incómoda para todos los actores del torneo, desde la federación hasta los clubes, sobre qué tan profesional es realmente una liga que se presenta como élite. En términos simples, esta decisión puede terminar marcando una línea de separación entre un campeonato que solo exhibe nivel deportivo y uno que además asume estándares formales de trabajo.
La medida también tiene implicaciones que van más allá de la cancha. Si los contratos profesionales se vuelven una obligación real y no solo una intención declarativa, las jugadoras podrían ganar mayor protección, previsibilidad y respaldo ante eventuales incumplimientos. Para los clubes, en cambio, el cambio supone costos, ajustes administrativos y una presión adicional para ordenar sus finanzas. Ahí está la verdadera prueba: convertir una buena declaración en una política sostenible. Porque el problema no es únicamente redactar nuevas normas, sino hacer que se cumplan en un sistema donde muchas veces el deporte de alto rendimiento se ha sostenido sobre acuerdos informales, promesas verbales y una débil fiscalización. Lo que ocurra en la reunión con los clubes dirá si el vóley peruano avanza hacia una liga más seria o si, una vez más, el impulso de una denuncia queda atrapado entre el anuncio y la costumbre.
