Arizabaleta acusa un montaje tras su suspensión y apunta a Petro, Barreras y la Procuraduría
Imagen: infobae colombia
Gloria Arizabaleta aseguró que su suspensión como representante fue irregular y la calificó como un montaje, al señalar presiones políticas y decisiones sin competencia legal. La excongresista vinculó el caso con sus gestiones para obtener pruebas sobre presunta financiación irregular.
Gloria Arizabaleta pasó de la denuncia política al contraataque judicial y decidió apuntar sus críticas contra Gustavo Petro, Roy Barreras y la Procuraduría. La exrepresentante aseguró que su suspensión del cargo no solo fue injusta, sino que respondió a un montaje en su contra, una afirmación que eleva el tono de un caso que mezcla disputa institucional, tensiones dentro del petrismo y sombras sobre una investigación por supuesta financiación irregular.
Según informó Infobae Colombia, Arizabaleta sostuvo que Gregorio Eljach no tenía competencia para apartarla de la curul y que esa decisión se produjo en un contexto en el que ella venía haciendo gestiones para conseguir pruebas relacionadas con una indagación por posibles irregularidades en la financiación política. Su versión apunta a que el proceso no fue una medida técnica o disciplinaria aislada, sino una maniobra con motivaciones políticas. En su relato, la suspensión no obedeció al debido proceso sino a una reacción frente a sus movimientos para obtener información sensible.
El caso importa porque vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Colombia: hasta dónde llegan los límites del control disciplinario y cuándo una sanción puede convertirse en un instrumento de presión política. Si la versión de Arizabaleta gana tracción, el episodio no solo compromete a la Procuraduría, sino que también toca a figuras de peso dentro del escenario político nacional, empezando por Petro y Barreras, dos nombres que siguen marcando la agenda del oficialismo y sus alianzas. En un país donde las investigaciones sobre financiación de campañas suelen abrir grietas más profundas que el propio expediente, este episodio puede terminar revelando más sobre la fragilidad de los equilibrios internos que sobre la suspensión misma.
Más allá del choque personal, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones que deben vigilar a los funcionarios y la transparencia con la que se investigan las denuncias de origen y destino de los recursos políticos. Para la opinión pública, el caso tiene un eco evidente: cuando una excongresista sostiene que la apartaron por buscar pruebas, el debate deja de ser solo jurídico y se convierte en una prueba de fuego para la independencia de los órganos de control. Y en esa tensión, Colombia vuelve a encontrarse con uno de sus viejos dilemas: si la ley actúa como garantía o como herramienta de disputa.
