Pensión para exjefe policiaco bajo sospecha expone la presión política en Sinaloa

La solicitud de pensión presentada por Yeraldine Bonilla ante el Congreso de Sinaloa abrió un nuevo frente de controversia en una entidad donde la seguridad pública sigue bajo escrutinio y donde cualquier decisión sobre mandos policiacos tiene un costo político inmediato. El expediente busca otorgar un retiro a un exjefe policiaco acusado por Estados Unidos de tener vínculos con Los Chapitos, y el monto del beneficio podría alcanzar los 67 mil pesos, una cifra que inevitablemente pone el debate en el terreno de la legitimidad, el uso de recursos públicos y la confianza en las instituciones.

Más allá del trámite administrativo, el caso toca una fibra sensible: si un exfuncionario de seguridad señalado por autoridades estadounidenses puede recibir una pensión de este nivel, la discusión ya no es solo laboral o burocrática, sino institucional. De acuerdo con la información difundida por Infobae, la petición fue enviada al Poder Legislativo local para su análisis, lo que significa que ahora son los diputados quienes deberán decidir si avalan o frenan un pago que, en la práctica, saldría del bolsillo de los contribuyentes. En un estado marcado por la violencia del crimen organizado, cualquier incentivo o reconocimiento económico a figuras que hoy están bajo sospecha pública se vuelve difícil de defender ante la ciudadanía.

El fondo del asunto es más amplio que un nombre o una cifra. Sinaloa vive desde hace años bajo la sombra del narcotráfico y de la disputa entre grupos criminales, y Los Chapitos representan una de las expresiones más visibles de ese poder en disputa. Que Estados Unidos haya señalado presuntos nexos de un exjefe policiaco con esa estructura añade un componente delicado, porque pone sobre la mesa la vieja pregunta de hasta qué punto las corporaciones de seguridad fueron permeadas por intereses criminales. En ese contexto, una pensión de retiro no solo se lee como un beneficio laboral, sino como una señal política: o el Estado respalda a sus antiguos mandos pese a las sospechas, o decide marcar distancia para no profundizar el desgaste de credibilidad.

Lo que resuelva el Congreso no será menor. Si aprueba la solicitud, la administración estatal tendrá que cargar con el costo de explicar por qué un exfuncionario cuestionado merece un retiro de hasta 67 mil pesos; si la rechaza, también enviará un mensaje sobre el límite que las instituciones quieren imponer frente a figuras asociadas, aunque sea de forma presunta, con redes criminales. En cualquiera de los escenarios, el caso deja una lección incómoda: en Sinaloa, la batalla por la seguridad no solo se libra en las calles, también en la forma en que el poder decide premiar, proteger o separar a quienes alguna vez estuvieron armados por el propio Estado.