Gobierno prepara marcha atrás a decreto que obligaba a repatriar ahorro pensional
Imagen: infobae colombia
El Gobierno colombiano prepara la derogatoria de un decreto que obligaba a repatriar el ahorro pensional de quienes cotizan en el exterior, una medida que había generado rechazo entre migrantes y expertos. La revisión también tocaría el salario mínimo y los traslados exprés a Colpensiones.
El Gobierno de Gustavo Petro se alista para desmontar uno de los cambios más polémicos del paquete reglamentario en materia pensional: la obligación de traer de regreso al país el ahorro acumulado por colombianos que trabajan en el exterior. La movida, que según informó infobae colombia hace parte de una revisión más amplia de decretos recientes, busca corregir una decisión que había encendido las alarmas entre migrantes, fondos privados y voces técnicas por el impacto que tendría sobre quienes construyen su pensión fuera de Colombia.
De acuerdo con la información publicada por infobae colombia, la derogatoria no llegaría sola. El Ejecutivo también estaría revisando disposiciones relacionadas con el salario mínimo y con los llamados traslados exprés a Colpensiones, dos temas que han estado en el centro del debate por sus efectos sobre el sistema pensional y el mercado laboral. En el caso de la repatriación forzada del ahorro, la medida era vista como un obstáculo para miles de colombianos en el exterior que, por razones laborales, de residencia o de estabilidad financiera, habían organizado su vejez bajo reglas distintas a las del sistema público colombiano.
El trasfondo de esta decisión es más profundo que un simple ajuste técnico. Colombia enfrenta una discusión de fondo sobre cómo integrar a su población migrante al sistema de protección social sin castigar sus trayectorias laborales ni desconocer los aportes que hacen desde otros países. Forzar el traslado del ahorro podría haber generado fricciones legales, dudas sobre la seguridad jurídica y un mensaje político incómodo: que el Estado pretende recuperar recursos sin ofrecer garantías equivalentes para los cotizantes. En paralelo, la revisión de los traslados exprés a Colpensiones reabre una discusión delicada sobre la sostenibilidad del sistema y sobre los incentivos que se están creando para mover aportes entre regímenes en medio de la transición pensional.
La eventual derogatoria también revela algo más amplio: el Gobierno parece haber entendido que varias de estas medidas estaban diseñadas con más velocidad que respaldo político y técnico. En un país donde millones de hogares dependen de decisiones regulatorias para saber si podrán jubilarse con una mesada digna, cada cambio en las reglas de juego tiene impacto directo sobre la confianza ciudadana. Para los colombianos en el exterior, la señal es clara: la discusión sobre su ahorro pensional sigue abierta, pero ya no parece viable imponerles un retorno obligatorio de sus recursos sin medir el costo humano, jurídico y financiero de esa decisión.
