Denuncian gasto de más de $7.000 millones de la Paz Total en honorarios
Imagen: infobae colombia
El Gobierno de Abelardo de la Espriella denunció que en la administración Petro se habrían gastado más de $7.000 millones de la política de Paz Total en honorarios. Además, advirtió que todavía existen otros rubros sin detalle público que podrían configurar un detrimento patrimonial.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella denunció que durante la administración Petro se habrían destinado más de $7.000 millones de recursos asociados a la Paz Total al pago de honorarios, una cifra que abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre el manejo financiero de una de las apuestas políticas más visibles del actual Ejecutivo. La alerta no solo pone el foco sobre el tamaño del gasto, sino sobre el destino real de los recursos usados en los acercamientos con estructuras ilegales, un terreno en el que la transparencia ha sido una exigencia constante y, al mismo tiempo, una deuda del Estado.
De acuerdo con lo informado por Infobae Colombia, el Ejecutivo sostuvo que esas erogaciones no se limitaron a honorarios, sino que también incluyeron otros rubros que todavía no han sido revelados de forma pública. Esa falta de detalle alimenta la sospecha de que podría existir un posible detrimento patrimonial, una figura que en Colombia suele activar alertas no solo políticas sino también fiscales y disciplinarias, porque compromete el uso de dinero público en programas que, por su sensibilidad, deberían tener trazabilidad absoluta. En este caso, el señalamiento golpea directamente una de las banderas centrales del Gobierno Petro: la Paz Total como estrategia para negociar o dialogar con distintos actores armados e ilegales.
El asunto importa porque la Paz Total no ha sido únicamente una política de seguridad; ha sido también una narrativa de gobierno, una promesa de cambio frente a los fracasos de distintas administraciones para reducir la violencia y avanzar en sometimiento, desmovilización o diálogo. Por eso, cualquier señal de uso irregular de recursos termina impactando la credibilidad del proyecto y le da aire a sus críticos, que han cuestionado tanto la efectividad de los acercamientos como el costo institucional y fiscal de mantener mesas, emisarios, asesores y equipos de apoyo. En un país donde la opinión pública suele medir con dureza el gasto estatal, más aún cuando se trata de conversaciones con estructuras señaladas de crimen, la pregunta no es solo cuánto se gastó, sino qué resultados concretos dejó ese desembolso para la seguridad y la vida cotidiana de la gente.
Si la denuncia avanza y se confirman pagos sin suficiente sustento o sin claridad sobre su necesidad, el caso podría escalar hacia escenarios de control fiscal y político con consecuencias de largo alcance para la administración. Más allá del debate jurídico, el episodio deja una lección incómoda: en Colombia, incluso las políticas de paz pueden terminar bajo sospecha cuando el Estado no logra explicar con precisión cómo usa cada peso. Y en un país marcado por la desconfianza institucional, esa opacidad suele costar más que el monto mismo del gasto.
