Gobierno revisa la seguridad de la UNP y reducirá el esquema de Daniel Quintero
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno mantiene en revisión los esquemas de seguridad asignados por la UNP y ya puso la lupa sobre el del exalcalde Daniel Quintero, al que fuentes oficiales califican de sobreprotegido. La decisión abre un nuevo debate sobre el uso de recursos públicos y los criterios para asignar protección.
El Gobierno sigue ajustando el mapa de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y, en esa revisión, el esquema asignado al exalcalde de Medellín Daniel Quintero será reducido, según confirmaron fuentes de la entidad a El Tiempo - Política. La decisión surge después de que los funcionarios concluyeran que el exmandatario local cuenta con una protección considerada excesiva frente a los criterios con los que opera la UNP.
La revisión no es un asunto menor. La UNP administra uno de los sistemas más sensibles del Estado: la protección de líderes políticos, sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y exfuncionarios que enfrentan riesgos verificables. Por eso, cuando una entidad de seguridad determina que un esquema está sobredimensionado, el debate no se limita al caso individual, sino al uso de recursos públicos, a la forma como se miden las amenazas y a la consistencia de las decisiones administrativas. En este caso, la señal apunta a que el exalcalde Quintero tendría más protección de la que justificarían los parámetros actuales de evaluación.
Este movimiento también debe leerse en clave política. Quintero ha sido una figura polarizante en el escenario nacional y su perfil de alto impacto lo ha mantenido en el centro de controversias públicas desde que dejó la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, una cosa es la visibilidad política y otra el riesgo real que justifica un esquema de protección robusto. Ahí está el punto de fondo: la UNP está obligada a separar la percepción del peligro de la evidencia objetiva, porque cada vehículo, escolta o dispositivo asignado implica recursos que podrían estar siendo necesarios para personas en situación de riesgo más apremiante. Si la reducción se concreta, el caso podría abrir una discusión más amplia sobre cómo el Estado prioriza la seguridad de exfuncionarios y dirigentes en un país donde las amenazas contra actores públicos son una constante.
En el trasfondo hay una tensión conocida en Colombia: proteger sin desbordar, cuidar sin politizar, y administrar recursos sin convertir la seguridad estatal en un privilegio. Lo que pase con el esquema de Quintero será observado con atención, no solo por su peso político, sino porque puede marcar el tono de futuras decisiones de la UNP sobre otros casos similares.
