Guatemala endurece el uso de fideicomisos públicos y fija plazo hasta 2027

Imagen: infobae
El gobierno de Guatemala endureció el manejo de los fideicomisos públicos y ató nuevos desembolsos al uso efectivo de los recursos. La medida obliga a las entidades a ejecutar al menos el 75% de sus fondos antes de pedir anticipos adicionales y les da plazo de adaptación hasta 2027.
El gobierno de Guatemala actualizó las reglas para administrar los fideicomisos públicos y dejó una señal clara: el dinero ya no podrá pedirse a cuentagotas sin demostrar avance real en la ejecución. La nueva disposición exige que las entidades hayan utilizado al menos el 75% de los fondos asignados antes de solicitar nuevos anticipos, una medida que busca ordenar el gasto y cerrar la puerta a la acumulación de recursos sin movimiento.
Según informó infobae, la exigencia alcanza a una amplia red de instituciones que operan contratos públicos, entre ellas ministerios, secretarías, la Presidencia, bancos fiduciarios y unidades responsables de administrar estos mecanismos. El cambio no solo modifica la relación entre disponibilidad de caja y ritmo de ejecución, sino que también introduce una condición más estricta para recibir recursos adicionales: primero demostrar capacidad de gasto, luego pedir más dinero.
En la práctica, la decisión apunta a corregir uno de los problemas más persistentes en la gestión pública de la región: la lentitud o dispersión en la ejecución presupuestaria, que suele terminar en fondos inmovilizados, obras retrasadas o contratos que no avanzan al ritmo prometido. Guatemala da así un paso hacia un control más fino del uso de dinero público, aunque el verdadero desafío estará en la implementación. No basta con cambiar la norma; hará falta vigilancia, coordinación administrativa y voluntad política para que el nuevo esquema no termine convertido en otro requisito burocrático.
El plazo de adaptación, fijado hasta 2027, le da aire a las entidades para ajustar procesos internos, revisar contratos y adecuar sus sistemas de control. Pero también marca una fecha límite para medir si el gobierno logra ordenar una herramienta que, bien administrada, puede servir para ejecutar políticas públicas con más eficiencia, y mal gestionada, para alimentar opacidad y retrasos. En un país donde la ejecución del gasto siempre termina siendo una prueba de gobernabilidad, esta actualización será observada de cerca por el sector público, los contratistas y la ciudadanía que espera resultados concretos y no solo movimientos contables.




