Petro cierra nueve mesas y golpea el corazón de la ‘paz total’
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno de Gustavo Petro cerró nueve mesas de diálogo con grupos armados, entre ellos las disidencias de ‘Calarcá’, Comandos de Frontera y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Con esa decisión, la llamada ‘paz total’ entra en su fase más incierta y deja al país frente a una estrategia de seguridad aún sin resultados claros.
El Gobierno de Gustavo Petro dio por terminados oficialmente nueve espacios de diálogo con estructuras armadas ilegales, una decisión que marca el golpe más fuerte hasta ahora a la política de ‘paz total’. Entre las mesas cerradas están las que sostenía con las disidencias de ‘Calarcá’, Comandos de Frontera y las Autodefensas de la Sierra Nevada, grupos que habían sido incluidos en la apuesta del Ejecutivo para desactivar la violencia mediante negociación. La medida no es menor: en la práctica, reconoce que esos canales ya no ofrecían condiciones útiles para avanzar y que el experimento de negociación múltiple entra en una zona de desgaste político y operativo.
Según informó El Tiempo - Política, la determinación se formalizó mediante nueve resoluciones firmadas por el Gobierno, con las que se clausuraron los principales procesos abiertos con esas organizaciones armadas. El mensaje de fondo es claro: el Ejecutivo abandona, al menos en estos casos, la idea de sostener conversaciones sin resultados concretos y admite que varios de esos grupos siguieron delinquiendo mientras se mantenían sentados a la mesa. Para el Estado, cerrar una negociación implica también redefinir reglas de operación en el terreno, ajustar órdenes a la Fuerza Pública y revisar el margen que tenían esos actores para moverse bajo la sombra de un diálogo vigente.
La decisión tiene implicaciones que van más allá del lenguaje diplomático. La ‘paz total’ fue una de las banderas centrales del gobierno Petro, presentada como una salida simultánea a múltiples violencias en Colombia: guerrillas, disidencias y bandas con control territorial. Pero con el paso del tiempo, la estrategia mostró su principal debilidad: negociar con varios actores a la vez, en distintos frentes, sin que todos tuvieran incentivos reales para dejar las armas o cortar sus rentas ilegales. En regiones golpeadas por el conflicto, eso se traduce en menos certezas para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que siguen atrapadas entre extorsión, confinamientos y disputas por corredores del narcotráfico. El cierre de estas mesas puede devolverle al Gobierno algo de coherencia frente a la opinión pública, pero también lo obliga a responder qué viene después: más presión militar, una renegociación del enfoque o, simplemente, el reconocimiento de que la promesa de una paz integral quedó muy por debajo de la realidad del conflicto armado colombiano.
Lo que está en juego ahora no es solo el destino de esas conversaciones, sino la credibilidad de toda la arquitectura de negociación impulsada por Petro. Si el Gobierno no logra mostrar resultados rápidos en reducción de violencia y control territorial, el cierre de las mesas podría leerse como una corrección tardía más que como una decisión estratégica. En un país donde la guerra cambia de nombre pero no de lógica, el reto sigue siendo el mismo: cómo desarmar a los grupos que negocian mientras se expanden y cómo proteger a una población civil que ha pagado históricamente el costo de cada intento fallido de paz.
