Gobierno apoya proyecto que busca prohibir tratamientos de género en menores
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno De La Espriella se alineó con un proyecto de ley que busca prohibir en Colombia los tratamientos de afirmación de género en niños y adolescentes. La propuesta abre un debate médico, jurídico y político sobre derechos, autonomía y protección de menores.
El Gobierno de De La Espriella anunció su respaldo a un proyecto de ley que busca impedir en Colombia el uso de bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en niños y adolescentes. La movida no es menor: pone al Ejecutivo del lado de una de las discusiones más sensibles del momento, en la que chocan la protección reforzada de menores, la autonomía de los pacientes y la posición de organizaciones médicas y de derechos humanos sobre la atención a personas trans.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo - Política, la iniciativa legislativa apunta a restringir o prohibir expresamente ese tipo de intervenciones en menores de edad. En la práctica, el texto busca cerrar la puerta a tratamientos que hoy forman parte del debate médico internacional y que suelen ser evaluados caso por caso, con participación de especialistas, familias y, según la edad y el marco legal, del propio menor. El apoyo del Gobierno le da tracción política al proyecto y anticipa una discusión áspera en el Congreso, donde no solo se medirá la fuerza de las bancadas, sino también la capacidad de los sectores conservadores para convertir su agenda en ley.
Lo que está en juego va más allá de una polémica puntual. En Colombia, como en otros países, el tema toca fibras profundas: por un lado, quienes defienden la prohibición sostienen que menores de edad no deberían acceder a decisiones médicas de alto impacto y efectos potencialmente irreversibles; por el otro, quienes se oponen advierten que una restricción absoluta puede dejar sin atención adecuada a adolescentes trans que atraviesan angustia, discriminación y riesgos reales para su salud mental. Ese choque no es solo ideológico. También tiene consecuencias concretas para las familias, los médicos y los sistemas de salud, que quedarían en medio de un nuevo marco legal con posibles tensiones constitucionales.
Este respaldo oficial también revela hacia dónde se está moviendo el debate público en el país: la discusión sobre derechos de población LGBTIQ+ ya no se libra únicamente en tribunales, consultorios o calles, sino en el corazón de la agenda legislativa. Si el proyecto avanza, probablemente terminará enfrentando demandas y escrutinio constitucional, porque cualquier norma que limite tratamientos médicos en menores deberá pasar por filtros muy estrictos de proporcionalidad, evidencia científica y protección de derechos fundamentales. En otras palabras, el Gobierno no solo está apoyando una iniciativa; está entrando de lleno en una pelea que podría redefinir la relación entre Estado, medicina y derechos de infancia en Colombia.
