Gobierno denuncia posibles desvíos por $1 billón en Prosperidad Social y alista alivios al campo
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno de José Roberto De la Espriella encendió las alarmas por presuntas irregularidades en la ejecución de $1 billón en Prosperidad Social, detectadas en una auditoría preliminar. Al mismo tiempo, anunció alivios para el campo golpeado por el fenómeno de El Niño.
El Gobierno de José Roberto De la Espriella abrió este martes un frente de control político y fiscal al denunciar presuntas irregularidades por cerca de $1 billón en la ejecución de recursos de Prosperidad Social en el departamento, durante la administración de Gustavo Petro. La alerta surge a partir de una auditoría preliminar que, según el equipo gubernamental, encontró inconsistencias en el manejo de fondos públicos destinados a programas sociales y de inversión territorial, un hallazgo que eleva la presión sobre la forma en que se distribuyeron y ejecutaron esos dineros en una de las carteras más sensibles para la política social del país.
De acuerdo con la información divulgada por el Ejecutivo, la revisión técnica detectó diferencias entre lo aprobado, lo contratado y lo efectivamente ejecutado en varios frentes financiados con recursos públicos. Aunque por ahora no se han detallado públicamente todos los contratos, ni la trazabilidad completa de los rubros cuestionados, el monto señalado da una dimensión del caso: hablamos de un billón de pesos que, en un país con déficits persistentes en infraestructura, seguridad alimentaria y atención a la pobreza, no puede tratarse como una simple anomalía administrativa. El Gobierno insiste en que el proceso de verificación seguirá y que, de hallarse responsabilidades, las alertas pasarán a las instancias de control competentes.
El anuncio no llega en el vacío. Prosperidad Social ha sido una de las entidades más expuestas a la discusión sobre focalización del gasto público, clientelismo y eficacia de los programas sociales, especialmente en territorios donde la pobreza rural sigue siendo estructural. Por eso, cualquier inconsistencia en su ejecución no solo compromete la confianza en la administración de los recursos, sino que también impacta a las comunidades que dependen de subsidios, transferencias y proyectos productivos para sostener su economía cotidiana. En paralelo, el Gobierno informó que prepara un plan de alivios para el campo afectado por el fenómeno de El Niño, una decisión que busca responder a la urgencia climática que ya golpea cultivos, abastecimiento de agua y productividad agrícola en varias regiones.
La combinación de ambos anuncios dibuja la tensión central de este momento: por un lado, la promesa de blindar el gasto social frente a posibles irregularidades; por el otro, la necesidad de actuar rápido para evitar que la sequía profundice la crisis en el campo. Si las denuncias se confirman, el caso podría convertirse en uno de los episodios más delicados sobre el uso de recursos sociales en la actual coyuntura política. Y si los alivios por El Niño no llegan con suficiente rapidez y focalización, el impacto no se medirá en titulares sino en pérdidas de cosechas, encarecimiento de alimentos y mayor presión sobre las familias rurales que ya viven al límite.
