Rodrigo Lara enterrará la Ley de Competencias de Petro y abre nuevo pulso político
Imagen: El Tiempo - Política
El nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que retirará el proyecto de Ley de Competencias impulsado por el gobierno de Gustavo Petro al considerarlo antitécnico. La decisión abre un nuevo pulso político y deja en suspenso una reforma que buscaba redefinir la distribución de funciones entre Nación y territorios.
El gobierno de la Espriella se prepara para desmontar uno de los proyectos más sensibles heredados de la administración Petro: la llamada Ley de Competencias. El nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, anticipó que, apenas asuma el cargo, retirará la iniciativa del trámite legislativo por considerar que su diseño es antitécnico. La jugada no es menor: toca de frente la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos territoriales, y marca un viraje temprano en la agenda política del nuevo gabinete.
Según informó El Tiempo - Política, Lara defendió su decisión con un argumento que en Bogotá tiene peso propio: el proyecto no estaría suficientemente estructurado para definir cómo se reparten funciones, responsabilidades y recursos entre la Nación, los departamentos y los municipios. En la práctica, eso significa que el Gobierno no solo quiere frenar una reforma que venía impulsando Petro, sino también evitar que una ley con vacíos termine abriendo más problemas de los que pretende resolver. La palabra “antitécnico” no es casual; en el lenguaje de la política colombiana suele ser la antesala de una revisión profunda o, directamente, de un entierro legislativo.
El retiro del proyecto también revela algo más amplio: la discusión sobre competencias no es un tecnicismo aislado, sino una pelea por el poder real del Estado. En Colombia, cada intento de redefinir qué hace la Nación y qué pueden decidir las regiones termina chocando con dos obstáculos recurrentes: la burocracia central, que no quiere soltar control, y los territorios, que reclaman autonomía pero no siempre cuentan con capacidad administrativa suficiente para asumir más funciones. Por eso esta decisión puede ser leída como una apuesta por la prudencia institucional, pero también como un mensaje político: el nuevo gobierno no está dispuesto a cargar con reformas que lleguen mal armadas al Capitolio.
Que expertos respalden la salida anunciada por Lara sugiere que el problema no era solo político, sino de fondo. En un país donde las reformas suelen avanzarse con más velocidad que rigor, retirar una iniciativa antes de que haga más daño puede ser, paradójicamente, una señal de sensatez. Ahora bien, el costo será evidente: el Ejecutivo tendrá que explicar qué hará con una discusión de fondo que sigue viva. Porque la pregunta no desaparece con el retiro del proyecto; al contrario, queda flotando en el centro del debate nacional: cómo repartir el poder y los recursos sin improvisar otra reforma que nazca débil y termine convertida en otro fracaso legislativo.
