Gobierno de Petro busca blindar la paz urbana en Barranquilla ante el cambio de poder
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Gobierno de Gustavo Petro dejó entrever que los diálogos de Paz Urbana en Barranquilla no deberían quedar amarrados a este mandato. Camilo Pineda, delegado en esas conversaciones, dijo a El Tiempo que ya existe un plan para darles continuidad.
El Gobierno de Gustavo Petro está enviando una señal política clara: los diálogos de Paz Urbana con bandas criminales en Barranquilla no deberían morir con el cierre de su administración. Según informó El Tiempo, Camilo Pineda, delegado para esas conversaciones, aseguró que existe un plan “para seguir”, una frase que en la práctica revela algo más que optimismo: la intención de blindar un proceso que, por su naturaleza, depende de decisiones estatales, respaldo institucional y una lectura de largo plazo sobre seguridad en el Caribe colombiano.
La afirmación de Pineda no es menor porque los procesos de sometimiento, acercamiento o desescalamiento de violencia en ciudades como Barranquilla suelen quedar atrapados entre la urgencia de los resultados y la fragilidad política. De acuerdo con lo conversado por El Tiempo con el delegado, la apuesta del Gobierno sería evitar que el futuro de estos diálogos quede a merced del cambio de inquilino en la Casa de Nariño. En otras palabras, el mensaje es que la conversación con las estructuras criminales no se trata como un experimento coyuntural, sino como un asunto de Estado que requerirá continuidad, ajustes y, sobre todo, una definición de quién asume el costo político de sostenerlo.
Eso importa por una razón básica: Barranquilla, como otras capitales regionales, ha visto cómo las disputas entre bandas, las rentas ilegales y la violencia de bajo y mediano perfil terminan afectando la vida cotidiana mucho más de lo que suele reconocerse desde Bogotá. Cuando estos procesos se frenan, se reacomodan los actores armados, se profundiza la desconfianza ciudadana y el Estado pierde capacidad de intervención. Cuando avanzan, en cambio, abren la posibilidad —todavía muy incierta en Colombia— de reducir homicidios, extorsiones y control territorial en barrios donde la autoridad pública suele llegar tarde o de manera intermitente. Por eso el anuncio de que “hay un plan para seguir” no puede leerse solo como una frase administrativa; también es una admisión de que el proceso necesita sostén político en el tiempo, más allá del ciclo electoral.
La discusión de fondo es qué tan realista es esperar que un próximo presidente mantenga o reconfigure una iniciativa de paz urbana que todavía parece frágil y en construcción. Si el país entra en una nueva etapa de gobierno con prioridades distintas, el riesgo es que estos acercamientos queden suspendidos, reetiquetados o simplemente abandonados. Pero si algo muestra este episodio, según lo reportado por El Tiempo, es que la administración Petro quiere dejar instalada una idea incómoda pero necesaria: la seguridad urbana en Colombia ya no se puede resolver solo con operativos, sino con decisiones políticas que sobrevivan al cambio de gobierno. Para los ciudadanos de Barranquilla, eso significa una pregunta concreta: si el Estado logra seguir hablando con quienes sostienen la violencia, ¿logrará también proteger a quienes viven todos los días sus consecuencias?
