Gobierno Petro defiende decreto agrario y niega que ponga en riesgo la propiedad privada
Imagen: infobae colombia
El Gobierno defendió un decreto del Ministerio de Agricultura que había desatado críticas por supuestamente amenazar la propiedad privada. Según la cartera, la compra de predios por interés social y utilidad pública ya está contemplada en la Ley 160 de 1994.
El Gobierno de Gustavo Petro salió a contener la controversia que rodea un decreto del Ministerio de Agricultura, cuestionado por sectores que lo interpretaron como una amenaza directa contra la propiedad privada. La respuesta oficial fue clara: la adquisición de predios por razones de interés social y utilidad pública no es una invención de esta administración, sino una figura que ya existe en la Ley 160 de 1994 y que, según la cartera, hace parte del marco legal agrario vigente en Colombia.
La aclaración llega en medio de un debate sensible en el país, donde cualquier discusión sobre tierra termina cruzándose con la memoria de la concentración de la propiedad rural, el conflicto armado y las promesas incumplidas de reforma agraria. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el decreto no elimina garantías para los propietarios ni habilita una expropiación arbitraria, sino que desarrolla mecanismos que el Estado ya tenía previstos para avanzar en políticas de acceso a la tierra. La polémica, sin embargo, muestra que el Gobierno sigue teniendo dificultades para comunicar con precisión decisiones que tocan fibras históricas del campo colombiano.
El punto de fondo es político y social: en Colombia, hablar de predios, uso del suelo y función social de la propiedad nunca es un asunto meramente técnico. Para el Ejecutivo, la medida encaja en su apuesta por acelerar la compra y distribución de tierras como parte de la reforma rural prometida desde campaña; para sus críticos, abre la puerta a interpretaciones amplias que pueden generar inseguridad jurídica entre propietarios y empresarios del campo. Por eso el debate importa mucho más allá del lenguaje jurídico: afecta la confianza en la política agraria, la relación entre Estado y sector productivo y, en última instancia, la viabilidad de que millones de campesinos sigan esperando tierra para producir.
La controversia también deja ver un patrón repetido en el gobierno Petro: reformas que nacen con respaldo legal, pero que terminan atrapadas en la disputa pública por la forma en que se presentan. En un país donde la desigualdad en la tierra sigue siendo una herida abierta, cualquier decreto sobre predios despierta sospechas inmediatas. Y aunque la explicación oficial busca bajar la tensión, el episodio confirma que la reforma agraria seguirá siendo uno de los campos de batalla más delicados del actual gobierno, no solo por lo que cambia en el papel, sino por el temor que despierta entre quienes ven en cada ajuste una amenaza a sus derechos patrimoniales.
