Petro llevará al Congreso la prohibición del fracking y tensiona el debate energético
Imagen: infobae colombia
El Gobierno de Gustavo Petro radicará el 20 de julio un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia, una apuesta que promete reabrir una de las peleas más sensibles sobre energía, empleo y medioambiente. La Casa de Nariño dice que la iniciativa se apoyará en evidencia científica.
El Gobierno de Gustavo Petro anunció que el próximo 20 de julio presentará ante el nuevo Congreso un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el modelo energético del país y el choque entre transición y dependencia de los hidrocarburos. La iniciativa, según informó Infobae Colombia, será defendida por el Ejecutivo como una medida sustentada en evidencia científica y en la apuesta oficial por acelerar el abandono de los combustibles fósiles.
La radicación del proyecto no es un gesto menor ni una simple bandera política. El fracking ha sido durante años una de las discusiones más polarizantes en Colombia: para el Gobierno y los sectores ambientalistas, representa una amenaza para el agua, los ecosistemas y la salud de las comunidades; para sus defensores, es una herramienta para ampliar reservas de petróleo y gas en un país que todavía depende en buena parte de esos ingresos para sostener finanzas públicas, inversión regional y empleo. La decisión de llevar la prohibición al Congreso, además, anticipa una nueva confrontación con gremios energéticos, oposición legislativa y mandatarios locales que ven en esta técnica una alternativa para enfrentar la caída de reservas.
El momento escogido también tiene carga política. El 20 de julio, fecha de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, suele convertirse en una vitrina para que el Gobierno marque prioridades y mida fuerzas con el Legislativo. Petro busca usar ese escenario para insistir en su tesis de que Colombia debe acelerar la transición energética, aun si eso implica tensiones con el mercado y con sectores que advierten sobre el costo económico de cerrar esa puerta. En el fondo, la discusión no se limita a una técnica de extracción: define cómo pretende el país financiar su futuro, cuánto tiempo seguirá dependiendo del petróleo y el gas, y qué tan rápido puede hacer una transición sin golpear a consumidores, territorios y cuentas fiscales.
Lo que ocurra después dependerá del músculo político que el Gobierno logre reunir en el Congreso, donde este tipo de proyectos suele quedar atrapado entre la presión social, los intereses regionales y la falta de mayorías estables. Pero el anuncio ya deja algo claro: Petro quiere convertir el fracking en una línea divisoria de su proyecto de gobierno. Y si el debate despega con fuerza, no solo hablará de energía; también exhibirá hasta dónde está dispuesto Colombia a cambiar su modelo económico en nombre de la transición.
