Valencia acusa al Gobierno Petro de fallar frente al reclutamiento de menores
Imagen: El Tiempo - Política
Paloma Valencia acusó al Gobierno Petro de no haber frenado a los reclutadores de menores y advirtió fallas en la respuesta policial frente a los grupos armados. La senadora también extendió un llamado al gobierno de Abelardo De La Espriella, en medio de una discusión que expone el deterioro de la seguridad.
La senadora Paloma Valencia volvió a poner bajo presión al Gobierno Petro al afirmar que no hubo una acción efectiva para frenar a los reclutadores de menores vinculados a grupos armados. Su señalamiento no es menor: apunta a uno de los síntomas más graves del conflicto colombiano, la captura de niños y adolescentes por estructuras ilegales que se alimentan de la precariedad estatal, el miedo en los territorios y la lentitud institucional para responder a tiempo. En su intervención, además, cuestionó la capacidad de reacción del Estado y dejó abierta la puerta para que un eventual gobierno de Abelardo De La Espriella enfrente este problema con mayor contundencia.
Según lo expuesto por Valencia, una de las principales fallas ha estado en la Policía, a la que acusa de no reaccionar con suficiente rapidez frente a las redes de reclutamiento y a la expansión de los grupos armados. Ese señalamiento encaja en una preocupación más amplia que desde hace años atraviesa a las regiones más golpeadas por la violencia: no basta con capturar responsables después del daño; el verdadero desafío está en anticiparse, proteger a los menores en riesgo y cortar la logística criminal que opera en zonas rurales, barrios periféricos y corredores estratégicos donde el Estado llega tarde o llega solo de manera simbólica.
El problema del reclutamiento forzado no es nuevo, pero sí se ha agudizado en contextos donde las economías ilegales ofrecen dinero, pertenencia y poder a jóvenes sin opciones reales. Por eso, la discusión que plantea Valencia va más allá de una crítica partidista. En el fondo, revela la disputa por el control territorial, por la capacidad de disuasión de la Fuerza Pública y por la credibilidad de una política de seguridad que, en la práctica, se mide en vidas truncadas. Si el Estado no logra impedir que los grupos armados se lleven a los menores, entonces está perdiendo no solo una batalla de seguridad, sino la posibilidad misma de sostener presencia institucional en buena parte del país.
El llamado que la senadora extiende hacia un eventual gobierno de De La Espriella también introduce otro elemento político: la campaña por el orden y la autoridad como respuesta a una ciudadanía cansada de la violencia. Pero el punto de fondo sigue siendo el mismo, gobierne quien gobierne: sin reacción rápida, inteligencia territorial y protección efectiva para las familias, el reclutamiento seguirá funcionando como una maquinaria silenciosa de guerra. Y mientras eso ocurra, la discusión política sobre seguridad seguirá chocando con una realidad brutal en los territorios: los menores continúan siendo el botín más vulnerable del conflicto.
