Madrid y Vitoria cierran un nuevo traspaso: tráfico y seguros agrarios para Euskadi

El Gobierno central y el Ejecutivo vasco darán este lunes un paso más en la arquitectura autonómica española con la firma del traspaso de dos competencias que, aunque técnicas, tienen un impacto muy tangible en la vida diaria: la organización de los exámenes de tráfico y la gestión de los seguros agrarios en Euskadi. La decisión llega en un momento en que el debate territorial vuelve a girar no solo sobre símbolos, sino sobre capacidad real de gestión, tiempos administrativos y margen de maniobra para resolver problemas concretos.

En materia de tráfico, el acuerdo amplía una transferencia que quedó asentada en 1982, pero que ahora Euskadi quiere completar con funciones que aún seguían en manos del Estado. Según la información difundida por EFE, el traspaso incluiría la organización de los exámenes, el personal examinador, la expedición de permisos de circulación, la matriculación de vehículos, la competencia sobre los centros de reconocimiento psicofísico de conductores y la gestión de los centros de reeducación vial. El punto más sensible es el atasco en las pruebas para obtener el carné: en el País Vasco se realizan más de 25.000 exámenes al año y el Gobierno autonómico ve en esta transferencia una herramienta para reducir las listas de espera. Conviene aclararlo porque no se trata del permiso de conducir en sí, que seguirá bajo competencia estatal, sino de los trámites vinculados a la circulación y al aparato administrativo que los sostiene.

El otro bloque del acuerdo afecta al campo, un sector donde la burocracia y la rapidez de respuesta marcan la diferencia entre amortiguar una pérdida o dejar al productor desprotegido. La gestión de los seguros agrarios combinados está hoy centralizada en ENESA, el organismo estatal encargado de coordinar estas ayudas. Con el traspaso, Euskadi asumiría esas funciones en su territorio, de modo que la administración vasca pasaría a tramitar directamente las ayudas para el pago de primas. El sistema de indemnizaciones, sin embargo, no cambiaría: las coberturas seguirían siendo las mismas que en el resto del país, lo que mantiene la lógica común del modelo estatal mientras se descentraliza su gestión. Para agricultores y ganaderos, el efecto práctico puede ser relevante si la nueva administración logra acortar plazos y adaptar mejor la atención a las particularidades del territorio.

Este movimiento no llega aislado. El traspaso de tráfico y seguros agrarios forma parte de una negociación más amplia entre ambos gobiernos, que aún trabaja en otras transferencias pendientes y de mayor calado político y económico, como la gestión económica del régimen de la Seguridad Social y la administración de los puertos de interés general de Bilbao y Pasaia. Ahí está la clave de fondo: cada acuerdo no solo redistribuye competencias, también mide el pulso entre Madrid y Vitoria sobre hasta dónde puede avanzar el autogobierno sin romper la cohesión del sistema común. Para la ciudadanía, la discusión suele importar menos por el nombre de la competencia que por su resultado final: menos espera para sacarse el carné, menos trabas para matricular un vehículo, más rapidez para cobrar una ayuda cuando el campo sufre un golpe.