Transportistas peruanos exigen reunión urgente con Keiko Fujimori por ola extorsiva
Imagen: infobae
Los gremios de transportistas en Perú pidieron una reunión urgente con Keiko Fujimori para exigir respuestas frente a la ola de extorsiones que golpea al sector. La presión subió tras el asesinato de un conductor en Villa El Salvador y la amenaza de un paro interprovincial.
Los gremios de transportistas en Perú pusieron al Ejecutivo contra las cuerdas al exigir una reunión urgente con la presidenta Keiko Fujimori para enfrentar la escalada de ataques extorsivos que ya dejó un conductor asesinado en Villa El Salvador. La demanda, impulsada por dirigentes de Transportes Unidos y del sector interprovincial, llega en un momento en el que el miedo se ha instalado como rutina en rutas urbanas y carreteras, y cuando la posibilidad de una paralización del servicio vuelve a tomar fuerza como mecanismo de presión.
Según informó infobae, los representantes del sector sostienen que la situación se ha vuelto insostenible y que no basta con operativos aislados ni anuncios generales de seguridad. Lo que reclaman es una mesa de diálogo inmediata con la jefatura del Estado para discutir medidas concretas de protección, investigación y respuesta frente a las mafias que vienen cobrando cupos, amenazando a choferes y atacando unidades. El asesinato ocurrido en Villa El Salvador elevó el nivel de alarma y terminó de unir a distintos frentes del transporte en una misma exigencia: presencia efectiva del gobierno, no solo comunicados.
El caso no es menor porque el transporte es uno de los sectores más expuestos al crimen organizado y, al mismo tiempo, uno de los más sensibles para la economía cotidiana. Cuando un conductor es asesinado o una empresa opera bajo amenaza, el golpe no solo recae sobre los trabajadores y dueños de las unidades; también afecta a miles de pasajeros que dependen del servicio para ir a trabajar, estudiar o abastecerse. En ese sentido, la amenaza de paralización no es solo una medida gremial: es también un síntoma de que el Estado está perdiendo control territorial frente a estructuras de extorsión que avanzan donde la respuesta pública llega tarde o es insuficiente. Si el Ejecutivo no abre una salida creíble, el conflicto puede escalar rápidamente hacia una crisis de movilidad y seguridad con impacto nacional.
La presión de los transportistas revela además un problema más amplio que Perú arrastra desde hace años: la normalización de la violencia extorsiva como parte del funcionamiento económico en varios corredores urbanos e interprovinciales. Lo que hoy reclaman los gremios no es un favor político, sino condiciones mínimas para trabajar sin ser asesinados ni despojados por redes criminales. Si el gobierno no logra contener esta ola, el costo no se medirá solo en paros o en pérdidas empresariales, sino en la erosión de la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para proteger algo tan básico como moverse con seguridad por el país.
