Guamalito queda sin Policía tras ataque con drones y crece el temor por presunta toma del ELN
Imagen: infobae colombia
Guamalito, en El Carmen (Norte de Santander), quedó sin presencia policial tras una escalada de ataques que, según el alcalde, incluyó drones y la destrucción de la subestación. La comunidad denuncia además una presunta ocupación por hombres del ELN mientras espera apoyo del Estado.
Guamalito, corregimiento de El Carmen, Norte de Santander, amaneció sin Policía y con una sensación de abandono que resume la fragilidad del control estatal en una de las zonas más golpeadas por la guerra en el nororiente del país. El alcalde de El Carmen aseguró que la subestación policial quedó destruida tras ataques con drones y que, hasta ahora, el Ejército no ha llegado al sector, lo que deja a la comunidad a merced de una disputa armada que, según denuncias locales, habría derivado incluso en la toma del puesto por presuntos integrantes del ELN.
La alerta no es menor: cuando se vacía una estación de Policía en un corregimiento, no solo se pierde una infraestructura; se rompe el mínimo símbolo de autoridad civil en el territorio. De acuerdo con lo informado por infobae colombia, la situación se produjo después de una ofensiva en la que habrían sido usados drones contra la instalación, un tipo de ataque que confirma la adaptación tecnológica de los grupos armados y la dificultad de las fuerzas del orden para anticipar y responder en zonas rurales dispersas. El alcalde advirtió que la destrucción fue tal que el puesto dejó de operar, mientras la población sigue esperando la llegada efectiva del Ejército para recuperar el control del área.
Lo que ocurre en Guamalito encaja en un patrón que Colombia conoce bien: allí donde el Estado llega tarde o llega a medias, los armados llenan el vacío. Norte de Santander continúa siendo un corredor estratégico para economías ilegales, rutas de movilidad de combatientes y disputa territorial entre organizaciones insurgentes y estructuras criminales. Por eso, un ataque a una subestación no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple problema de orden público; es una señal de que la capacidad del Estado para sostener presencia permanente sigue siendo débil en zonas donde la ciudadanía depende de una institución policial que, en la práctica, puede desaparecer de un día para otro. Para los habitantes, eso significa menos protección, más miedo y una vida cotidiana marcada por el toque invisible de los grupos armados sobre la movilidad, el comercio y la tranquilidad.
El caso de Guamalito deja otra lección incómoda: la guerra en Colombia no siempre avanza con grandes ofensivas visibles, sino con golpes puntuales que erosionan la institucionalidad pedazo a pedazo. Si el Gobierno no logra restablecer pronto la presencia de la Fuerza Pública y sostenerla en el tiempo, la comunidad quedará atrapada en un ciclo conocido: primero el ataque, luego el repliegue estatal y al final la consolidación del control armado sobre la población civil. En un corregimiento como este, la ausencia de Policía no es una anécdota administrativa; es la diferencia entre vivir bajo la ley o bajo la imposición de quien llegue armado a ocupar el vacío.
