Bolívar cuestiona traslado de libros en Cancillería y habla de oscurantismo
Imagen: infobae colombia
Gustavo Bolívar cuestionó la retirada de libros de la biblioteca de la Cancillería y la calificó como un acto de “oscurantismo”. El exsenador aseguró que ya existen tutelas en curso para exigir la restitución de los ejemplares trasladados.
La polémica por el traslado de libros de la biblioteca de la Cancillería escaló en las últimas horas con un pronunciamiento de Gustavo Bolívar, quien rechazó la decisión y afirmó que el nuevo manejo de ese acervo documental abre la puerta a un episodio de censura institucional. Según explicó, la administración de Abelardo de la Espriella tendrá que devolver los ejemplares retirados, mientras ya avanzan acciones jurídicas para frenar el movimiento de esos materiales.
Bolívar, exsenador del Pacto Histórico, enmarcó lo ocurrido como un gesto de “oscurantismo” y sostuvo que no se trata de una discusión menor sobre inventarios o logística administrativa, sino de una decisión que toca directamente el acceso al conocimiento dentro de una entidad del Estado. De acuerdo con su versión, las tutelas interpuestas buscan proteger la permanencia de los libros en la biblioteca y evitar que el traslado termine convirtiéndose en una forma de restringir contenidos.
El caso importa porque la Cancillería no es cualquier dependencia pública: allí circulan documentos, memorias y obras que hacen parte de la formación institucional y del debate diplomático del país. Cuando una autoridad mueve o retira ejemplares de una biblioteca oficial, la señal política pesa tanto como la decisión material. En Colombia, donde los debates sobre libertad de expresión y pluralidad cultural suelen polarizarse con rapidez, este episodio ya se leyó como una controversia que supera el terreno administrativo y se instala en el de las garantías democráticas.
Por ahora, la disputa parece dirigirse a los estrados. Si las tutelas prosperan, el episodio podría obligar a revisar no solo el traslado de los libros, sino también el criterio con el que se toman decisiones sobre archivos y bibliotecas públicas. En un país donde el acceso a la información sigue siendo un termómetro del respeto institucional, la controversia deja una pregunta de fondo: quién decide qué debe permanecer al alcance de los ciudadanos y bajo qué razones.
