Petro sabía de las dudas sobre Juliana Guerrero, según Angie Rodríguez
Imagen: El Tiempo - Política
Angie Rodríguez aseguró que Gustavo Petro sabía que los títulos de Juliana Guerrero eran falsos y aun así impulsó su designación como viceministra. La revelación abre un nuevo flanco sobre los filtros del Gobierno y la responsabilidad política en esa decisión.
La polémica por Juliana Guerrero ya no se limita a la validez de sus títulos académicos: ahora salpica de lleno a Gustavo Petro. Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, aseguró que el entonces presidente tenía conocimiento pleno de las presuntas irregularidades en la formación de Guerrero y, pese a ello, dio la orden para que fuera nombrada viceministra. La afirmación golpea en el corazón del Gobierno porque traslada la discusión desde un posible error administrativo hacia una decisión política asumida con información previa.
De acuerdo con la versión divulgada por El Tiempo - Política, Rodríguez sostuvo que en el entorno presidencial no había desconocimiento sobre las alertas que rodeaban a Guerrero. Esa precisión es clave porque cambia el eje del caso: ya no se trataría solo de una cadena de fallas en verificación documental, sino de una designación impulsada aun con dudas serias sobre la legitimidad de los títulos presentados. En otras palabras, la controversia deja de ser un asunto de trámites y pasa a convertirse en una pregunta sobre quién sabía qué, cuándo lo supo y por qué siguió adelante el nombramiento.
El asunto importa por varias razones. Primero, porque toca uno de los puntos más sensibles para cualquier administración: la credibilidad en los procesos de selección de altos cargos. Segundo, porque en Colombia los casos de títulos presuntamente falsos o dudosos suelen terminar erosionando la confianza pública no solo en la persona involucrada, sino en toda la estructura que la respaldó. Y tercero, porque si la versión de Rodríguez se sostiene, el debate podría escalar hacia responsabilidades políticas dentro de la Casa de Nariño y del sistema de verificación que debía impedir que una persona sin soportes válidos llegara a un cargo de ese nivel. Para el ciudadano común, el caso resume una frustración conocida: la sospecha de que en el poder los controles se relajan cuando la decisión ya está tomada.
En ese contexto, la denuncia de Rodríguez no solo pone presión sobre Petro y su círculo más cercano; también obliga a revisar cómo se toman las designaciones en el Ejecutivo y qué tan robustos son los mecanismos para validar hojas de vida antes de entregar cargos estratégicos. Si se confirma que había advertencias previas, el golpe político será mayor que el escándalo original, porque evidenciaría que el problema no fue la falta de información, sino la decisión de ignorarla. Y en política, pocas cosas deterioran más la autoridad que la sospecha de que se eligió seguir adelante sabiendo que algo estaba mal.
