Marcha por la Gran Vía destapa el costo social y económico de una obra atrasada
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Habitantes y comerciantes salieron a las calles para exigir la culminación de la Gran Vía, una obra que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia y que ya completa tres años en ejecución. La protesta refleja el desgaste económico y social que deja una megaobra prolongada y sin fecha clara de cierre.
La paciencia se agotó en el corredor entre Barranquilla y Puerto Colombia. Habitantes y comerciantes marcharon para exigir que por fin se termine la Gran Vía, una megaobra que lleva tres años en ejecución y que, según la comunidad, se ha convertido en una carga diaria por los trancones, la inseguridad y las pérdidas económicas que golpean a quienes viven o trabajan en la zona. Lo que comenzó como una promesa de modernización vial terminó, para muchos, convertido en un frente abierto de incomodidad e incertidumbre que afecta la rutina de miles de personas.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), los manifestantes denunciaron que el retraso en la culminación de la obra ha frenado la actividad comercial y ha deteriorado la movilidad en un sector clave para la conexión entre Barranquilla y Puerto Colombia. Los comerciantes aseguran que la clientela cae cuando el acceso se vuelve lento o complicado, mientras los residentes afirman que el desorden vial y las condiciones del entorno incrementan la sensación de inseguridad. La queja no es solo por la demora en sí misma, sino por el costo acumulado que implica tener una obra inconclusa durante años en un punto estratégico del área metropolitana.
Este tipo de protestas no aparece de la nada: suele ser el síntoma visible de una molestia que se cocina durante meses, incluso años, cuando las obras públicas dejan de ser solución y se vuelven problema. En Atlántico, donde la movilidad entre municipios y la actividad turística tienen un peso enorme en la economía cotidiana, un corredor intervenido por tanto tiempo afecta mucho más que el paisaje urbano. Golpea a trabajadores que dependen del transporte diario, encarece los tiempos de desplazamiento, desanima el consumo en comercios cercanos y envía un mensaje incómodo sobre la capacidad institucional para entregar infraestructura a tiempo. Por eso la marcha no solo fue un reclamo local: también fue una advertencia política sobre el costo de las promesas incumplidas.
La Gran Vía, que debía mejorar la conexión entre Barranquilla y Puerto Colombia, hoy concentra una paradoja muy colombiana: una obra pensada para impulsar desarrollo termina afectando, en el corto plazo, precisamente a quienes más dependen de ese desarrollo. Mientras no se cierre la brecha entre lo anunciado y lo ejecutado, la comunidad seguirá pagando con tiempo, plata y desgaste lo que una intervención oportuna debería resolver. Y en ese punto la discusión deja de ser técnica: se convierte en una pregunta de fondo sobre quién asume las pérdidas cuando una megaobra se alarga demasiado y el Estado no entrega respuestas claras.
