Familia de Mateo Pérez exige que el caso no se cierre con un solo capturado
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La familia del periodista Mateo Pérez pidió capturas contra otros responsables del crimen, mientras la Fiscalía imputó al presunto cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc. El caso vuelve a poner bajo presión la protección a comunicadores en zonas controladas por actores armados.
La familia del periodista Mateo Pérez elevó el tono en uno de los casos más dolorosos para el periodismo colombiano: tras la imputación de cargos contra alias “Chalá”, presunto cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc, exigió que la investigación no se quede en un solo nombre y que también avancen capturas contra quienes habrían participado en el asesinato ocurrido en Briceño, Antioquia. El reclamo, más que simbólico, apunta a una realidad incómoda: en los crímenes contra comunicadores, muchas veces la justicia avanza lento, fragmentada y con demasiadas piezas todavía sueltas.
De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía General de la Nación siguió adelante con el proceso judicial contra el presunto jefe de esa estructura armada, señalada de operar en el norte de Antioquia y de mantener capacidad de intimidación en territorios donde la presencia estatal sigue siendo débil. La imputación contra “Chalá” representa un paso relevante en el expediente, pero la familia de Pérez insistió en que el caso no puede cerrarse únicamente sobre una figura de mando. Su petición apunta a los “coautores” del crimen, una palabra que en la práctica judicial implica responsabilidades más amplias: ejecutores, intermediarios, quienes dieron órdenes y quienes facilitaron el ataque.
El asesinato de Mateo Pérez vuelve a exponer una herida abierta en Colombia: la vulnerabilidad extrema de los periodistas que cubren regiones donde mandan las armas y no las instituciones. Antioquia, y en particular zonas como Briceño, ha sido escenario de disputa entre grupos ilegales que presionan a comunidades, líderes sociales y reporteros locales, quienes terminan trabajando bajo amenazas, autocensura o desplazamiento. Por eso este caso importa más allá del dolor de una familia: si la justicia no logra identificar la cadena completa de responsabilidad, el mensaje para quienes siguen informando desde territorios en conflicto es devastador. No basta con una imputación aislada; se requiere desmontar la estructura criminal que permite estos asesinatos.
El avance de la Fiscalía puede leerse como una señal de que el Estado intenta responder a una demanda histórica de verdad y justicia, pero también como un recordatorio de sus límites. En Colombia, investigar homicidios contra periodistas no solo exige pruebas sólidas; exige presencia institucional sostenida, protección efectiva y voluntad para llegar hasta los niveles medios y altos de los grupos armados. Mientras eso no ocurra, cada captura parcial será importante, pero insuficiente. La familia de Mateo Pérez lo entiende bien: sin coautores tras las rejas, la justicia corre el riesgo de dejar intacto el engranaje que convirtió el ejercicio del periodismo en una actividad de alto riesgo.
