Tres cuerpos en Almaguer reavivan la alarma por la violencia armada en el Cauca
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Tres cuerpos con signos de tortura fueron hallados en Almaguer, Cauca, en un hecho que las autoridades investigan como la masacre número 71 registrada este año en Colombia. El crimen vuelve a poner bajo presión a una región golpeada por la disputa entre grupos armados.
El hallazgo de tres cuerpos en zona rural de Almaguer, Cauca, vuelve a exhibir el nivel de control criminal que todavía compite con la presencia del Estado en amplias zonas del suroccidente colombiano. Las víctimas, que por ahora no han sido identificadas, presentaban signos de tortura, y las autoridades trabajan para establecer tanto su identidad como los móviles y autores de este nuevo hecho violento que, por su brutalidad, se suma a la larga lista de masacres registradas en el país durante 2024.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora y con lo reportado por El Tiempo (Colombia), el caso se investiga en medio de la disputa territorial entre grupos armados que se mueven en el Cauca, una de las regiones más castigadas por la expansión de economías ilegales, las rutas del narcotráfico y la fragmentación de las estructuras armadas. En terreno, la violencia no se explica solo por la presencia de un actor criminal, sino por la superposición de varios: disidencias de las antiguas Farc, redes locales de sicariato, bandas asociadas al control de corredores estratégicos y comunidades atrapadas entre amenazas, reclutamiento y desplazamiento.
Que este episodio sea señalado como la masacre número 71 del año no es un dato más: es una radiografía de la persistencia del exterminio selectivo en Colombia, incluso después de décadas de políticas de seguridad y de negociaciones fallidas o parciales con distintos grupos ilegales. El Cauca, además, no es un territorio periférico en términos estratégicos; conecta el Pacífico con el interior del país y se ha convertido en una pieza clave para las economías ilícitas. Allí, cada homicidio múltiple no solo deja una tragedia familiar, sino que envía un mensaje de dominio a las comunidades que viven entre retenes ilegales, confinamientos y una institucionalidad que llega tarde o no llega.
Lo que viene ahora será decisivo para medir si las autoridades logran convertir este caso en algo más que una cifra: identificar a las víctimas, reconstruir sus últimas horas y determinar qué grupo tuvo capacidad de ejecutar un crimen de esta magnitud sin freno visible. Pero la pregunta de fondo es otra y sigue abierta: cuántas masacres más harán falta para que el Estado recupere presencia real en territorios donde la violencia ya no solo mata, sino que gobierna.
