Hospitales de Antioquia suspenden servicios no urgentes a usuarios de Nueva EPS por deuda millonaria
Imagen: infobae colombia
Al menos 25 hospitales públicos de Antioquia suspenderán desde este 5 de agosto la atención no urgente a afiliados de Nueva EPS por una deuda que, según AESA, ya alcanza los $450.000 millones. La decisión amenaza con ampliar la crisis de acceso a salud en uno de los departamentos más poblados del país.
La red hospitalaria pública de Antioquia entrará desde este 5 de agosto en una nueva fase de tensión financiera y asistencial: al menos 25 centros de salud suspenderán los servicios no urgentes a usuarios de Nueva EPS por una deuda que, según la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), asciende a $450.000 millones. La medida no afecta la atención de urgencias, pero sí golpea de frente a consultas, procedimientos y controles que miles de pacientes vienen esperando desde hace semanas o meses.
La decisión fue adoptada por los hospitales ante la acumulación de cartera y el deterioro de su capacidad para sostener la operación diaria. De acuerdo con AESA, la falta de pago de la aseguradora está poniendo en riesgo el funcionamiento de instituciones que ya venían trabajando con márgenes estrechos, una situación que en la práctica se traduce en menos caja para nómina, medicamentos, insumos y contratación de personal. En otras palabras, la deuda no es una cifra contable aislada: es presión directa sobre la atención que reciben los usuarios.
El caso vuelve a mostrar una falla estructural del sistema de salud colombiano: cuando una EPS se retrasa en sus giros, el impacto no se queda en los balances de los hospitales, sino que termina recayendo sobre el paciente. Antioquia, además, es un termómetro nacional porque concentra una red pública amplia y un volumen alto de afiliados, por lo que cualquier interrupción en los servicios escala rápido en términos sociales y políticos. Para quienes dependen de Nueva EPS, la suspensión de consultas y procedimientos puede significar viajes inútiles, nuevas demoras y mayores costos en un sistema ya saturado.
La medida también abre una pregunta de fondo sobre hasta dónde puede resistir la red pública si las deudas con los prestadores siguen creciendo sin una solución de tesorería o un plan de pago verificable. En la práctica, lo que hoy ocurre en Antioquia puede convertirse en un anticipo de un problema más amplio en otras regiones del país: hospitales que se quedan sin margen para seguir atendiendo y pacientes atrapados entre trámites, autorizaciones y retrasos. El anuncio de este 5 de agosto no solo marca una suspensión parcial del servicio; deja en evidencia una crisis financiera que sigue trasladándose, una y otra vez, al mostrador de admisiones.
