Sarabia entra al radar judicial y suma presión sobre el círculo más cercano de Petro
Imagen: El Tiempo - Política
La imputación a Laura Sarabia por el uso del polígrafo en el caso de Armando Benedetti reabre el expediente judicial sobre el círculo más cercano al gobierno Petro. El caso se suma al de Juliana Guerrero, investigada por presentar títulos falsos para acceder a un cargo público.
La imputación contra Laura Sarabia, una de las funcionarias más visibles y cercanas al presidente Gustavo Petro, añade un nuevo frente judicial a la lista de exintegrantes del gobierno que hoy enfrentan cuentas con la justicia. El caso gira alrededor del uso del polígrafo en el episodio que involucró a Armando Benedetti y confirma que la presión política sobre figuras del círculo de poder no solo se juega en el terreno de la opinión pública, sino también en los despachos judiciales.
Según informó El Tiempo - Política, el expediente contra Sarabia se suma a una serie de procesos que ya comprometen a otros exfuncionarios y personas vinculadas al actual proyecto político. Entre ellos aparece también el caso de Juliana Guerrero, una joven cercana al expresidente que habría presentado títulos falsos para acceder a un cargo público. La coincidencia de estos expedientes deja ver un patrón incómodo para el Gobierno: varias de las controversias que rodean a su entorno inmediato no se han quedado en el ruido mediático, sino que avanzan hacia escenarios penales, disciplinarios o de control institucional.
Más allá de la coyuntura, este tipo de procesos importa porque golpea uno de los puntos más sensibles de cualquier administración: la credibilidad. En un gobierno que llegó con el discurso de cambio, transparencia y ruptura con las viejas prácticas, cada investigación contra sus exfuncionarios alimenta la percepción de improvisación, favoritismo o fragilidad en los filtros de selección y control interno. Para la ciudadanía, el efecto es doble: por un lado, la discusión sobre responsabilidades individuales; por otro, la pregunta más amplia sobre si el Estado está funcionando con estándares suficientes para impedir abusos, falsedades o decisiones cuestionables en la cima del poder.
Lo que hoy se observa es una especie de inventario judicial del petrismo en el poder y en su entorno más próximo. Y aunque cada caso tendrá que resolverse con pruebas y garantías, el daño político ya está hecho: la agenda del Gobierno sigue siendo leída, una y otra vez, a través de sus tropiezos internos. Si las investigaciones avanzan, el costo no recaerá solo sobre nombres propios, sino sobre la promesa de renovación con la que Petro llegó al Palacio de Nariño.
