Colombia enfrenta 21 incendios forestales activos y la capacidad de respuesta empieza a ceder
Imagen: infobae colombia
La ola de calor y la sequía tienen a Colombia con 21 incendios forestales activos en cinco departamentos, mientras la respuesta oficial se tensiona al límite. Tolima concentra el mayor número de focos y la Procuraduría pide activar medidas urgentes.
Colombia atraviesa una nueva emergencia ambiental con 21 incendios forestales activos en cinco departamentos, una señal clara de que la temporada seca ya está golpeando con fuerza sobre territorios donde la prevención sigue siendo más débil que el riesgo. Según los registros más recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al 27 de agosto de 2026 a las 6:00 a. m. seguían encendidos focos en Tolima, Nariño, Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila, en medio de temperaturas altas, lluvias escasas y condiciones asociadas al fenómeno de El Niño que facilitan la propagación de las llamas.
El balance oficial no deja mucho margen para la tranquilidad: Tolima concentra once incendios, Nariño cinco, Cundinamarca y Valle del Cauca dos cada uno, y Huila reporta uno. A ese panorama se suman dos focos ya controlados y otros 21 incidentes bajo observación, lo que demuestra que la emergencia no está contenida sino en evolución. La Ungrd insiste en que el problema no puede explicarse solo por el clima; buena parte de estos eventos, advierte la entidad, sigue originándose por descuido humano. Esa combinación —sequía, calor extremo y negligencia— es la que cada año convierte la temporada seca en una amenaza repetida para zonas rurales, ecosistemas estratégicos y comunidades que dependen de la tierra para vivir.
El trasfondo institucional es igual de preocupante. La Procuraduría pidió medidas más contundentes ante lo que describe como un colapso de la capacidad de respuesta, luego de advertir que ya se han consumido más de 30 mil hectáreas y que varias administraciones locales no cuentan con recursos suficientes para sostener la operación en terreno. El órgano de control reclamó a la Ungrd activar de inmediato el Plan de Acción Específico para la Recuperación, mientras denunció vacíos básicos que frenan la atención: alimentación para las brigadas, alojamiento, combustible y relevos para el personal desplazado. En la práctica, eso significa cuadrillas agotadas, operaciones interrumpidas y una respuesta que llega tarde o no llega. La solicitud ocurre además en un contexto de presión adicional sobre el sistema nacional de gestión del riesgo por los efectos del terremoto de 7,4 en San José del Palmar, Chocó, que ha dejado cientos de muertos, desaparecidos y decenas de miles de familias afectadas, un frente humanitario que reduce aún más el margen de maniobra del Estado.
En Tolima, donde la situación es más crítica, la gobernadora Adriana Magalí Matiz informó que hay 13 incendios en 12 municipios y aseguró que ya se ordenaron indagaciones para establecer si hay responsables detrás de los siniestros provocados. Ese dato no es menor: cuando las emergencias dejan de ser solo un problema climático y pasan a estar asociadas a conductas humanas, la respuesta no puede limitarse al despliegue de bomberos y aeronaves. Hace falta sanción, control territorial y una política de prevención que funcione antes de que el fuego arrase hectáreas, hogares y fuentes de agua. Si algo deja claro esta oleada de incendios es que Colombia sigue reaccionando más que anticipándose, y eso, en una temporada seca que apenas aprieta, puede traducirse en más pérdidas en los próximos días.
