Inflación, salud y orden público: los saldos en rojo que complican al gobierno Petro
Imagen: El Tiempo - Política
El gobierno de Gustavo Petro cierra otro frente bajo presión: la inflación volvió a repuntar, la Nueva EPS acumula cuestionamientos por su manejo y el orden público muestra señales de deterioro. El balance deja más dudas que logros en áreas que golpean de frente el bolsillo y la seguridad de los colombianos.
El balance que deja el gobierno de Gustavo Petro en tres de sus frentes más sensibles no es favorable: inflación en ascenso, cuestionamientos por el manejo de la Nueva EPS y un deterioro visible en los indicadores de orden público. En conjunto, los hallazgos dibujan una administración que, al cierre de este tramo de gobierno, sigue sin resolver problemas que afectan de manera directa el costo de vida, el acceso a la salud y la seguridad territorial en Colombia.
De acuerdo con el reporte citado por El Tiempo - Política, la inflación volvió a mostrar un comportamiento preocupante, con niveles que no se veían desde 2024, lo que implica una presión adicional sobre los hogares en un país donde el salario rinde cada vez menos. A eso se suma el caso de la Nueva EPS, una de las entidades más grandes del sistema de salud, que vuelve a quedar en el centro de las críticas por presuntas fallas de gestión y por el impacto que ese desorden tiene sobre pacientes, prestadores y flujo de recursos. En paralelo, las cifras de orden público también encienden alarmas: la persistencia de hechos violentos y el fortalecimiento de estructuras ilegales dejan en evidencia que la llamada “paz total” no ha logrado traducirse, al menos todavía, en una mejora clara para las comunidades.
Lo que está en juego no es solo una lista de problemas administrativos o coyunturales. La inflación golpea el mercado interno y erosiona el ingreso real de las familias; la crisis de la Nueva EPS expone las fragilidades de un sistema de salud ya tensionado por deudas, demoras y falta de confianza; y la inseguridad compromete la presencia efectiva del Estado en regiones donde la población sigue atrapada entre economías ilegales, extorsión y violencia. Por eso estos saldos en rojo importan más allá del debate político: revelan una brecha entre las promesas de cambio y los resultados concretos que hoy percibe buena parte del país.
En términos políticos, este tipo de balance también anticipa el terreno que tendrá que enfrentar el Ejecutivo en la recta final de su mandato: menos margen para defender su gestión con narrativa y más presión para mostrar resultados verificables. Para los ciudadanos, en cambio, la ecuación es más simple y más dura: precios altos, servicios de salud en entredicho y municipios donde la tranquilidad sigue siendo una promesa incumplida. Ese es, quizá, el costo más visible de un gobierno que llegó ofreciendo transformación y termina lidiando con viejas crisis que no consiguió corregir.
