La UE gastó 22.000 millones en pesca y, según un informe, agravó el daño al mar

Las subvenciones europeas a la pesca, acumuladas durante las últimas tres décadas, no sólo no habrían corregido la crisis del sector, sino que la habrían empeorado. Esa es la conclusión central de un informe de la organización ecologista Bloom, difundido a partir de datos recopilados desde 1994 y citado por EFE, que acusa a Bruselas de haber financiado un modelo que acelera el deterioro de los océanos, golpea a las comunidades que dependen del mar y no deja beneficios económicos sostenibles para la propia industria. El documento, titulado Miles de millones desperdiciados, calcula en 22.000 millones de euros corrientes los fondos estructurales destinados al sector pesquero, una cifra que, ajustada a valores constantes, ascendería a 31.000 millones. Pese a ese volumen de recursos, la organización concluye que el balance es francamente negativo.

El informe no se queda en la crítica general. También apunta a un problema que en Bruselas suele pasar con demasiada facilidad: la falta de información clara sobre el uso real de los fondos. Según Bloom, los datos facilitados por la Comisión Europea son tan incompletos y difíciles de seguir que resulta casi imposible auditar de forma seria el destino del dinero público. En paralelo, el estudio sostiene que la política pesquera comunitaria mantiene vivo un esquema de apoyo financiero total, no sólo por los subsidios directos de la Unión y de los gobiernos nacionales o regionales, sino también por mecanismos indirectos que sostienen a flotas que, en muchos casos, siguen operando con prácticas dañinas. El problema, subraya el informe, es que esa arquitectura de ayudas convive con objetivos oficiales de protección de biodiversidad, restauración de hábitats marinos y lucha contra el cambio climático que no se están cumpliendo en la práctica.

Aquí está el punto de fondo: Europa presume de liderar la transición ecológica, pero sus océanos cuentan otra historia. Bloom recuerda que el propio Tribunal de Cuentas Europeo ya reconoció que las medidas de la UE no han logrado devolver los mares a un buen estado ecológico ni llevar la pesca a niveles sostenibles en todos los espacios marítimos. El diagnóstico es especialmente duro con el arrastre de fondo, una técnica que remueve los lechos marinos y destruye ecosistemas enteros. Según el análisis, más de la mitad de la superficie de las aguas europeas se explota de manera regular con este método, frente a una media mundial del 14 %, y cerca del 26,7 % de esa actividad ocurre en zonas supuestamente protegidas. Esa contradicción revela una falla estructural: se declara protección donde en realidad persiste la extracción intensiva. Y mientras los caladeros se degradan, también se debilita la soberanía alimentaria, porque el sector termina dependiendo de transferencias públicas para sostener una actividad que no logra ser rentable por sí misma.

La relevancia de este informe trasciende a Bruselas. Lo que ocurra con la pesca europea impacta en mercados internacionales de alimentos, en la gestión global de los océanos y en la discusión sobre qué significa realmente financiar una transición verde. Para consumidores en Europa, pero también para países como Colombia, donde la seguridad alimentaria y la protección de ecosistemas costeros son temas de primer orden, el mensaje es incómodo pero necesario: no basta con gastar más dinero público; importa en qué, para qué y bajo qué controles se invierte. Si la política pesquera sigue premiando modelos extractivos que deterioran el mar, el costo no lo pagará sólo el ecosistema. Lo asumirán los pescadores artesanales, las economías locales y, al final, los ciudadanos que financian con sus impuestos un sistema que promete conservación, pero entrega degradación.