Piden investigar a Petro por denuncias de Jiménez y contratos con el Estado
Imagen: infobae colombia
El Instituto Anticorrupción pidió abrir una investigación contra Gustavo Petro a partir de las denuncias de Deicy Jiménez y de presuntas irregularidades en contratos estatales. El caso tomó más fuerza tras conocerse que Jiménez ha firmado diez contratos con entidades públicas entre 2021 y 2026, uno de ellos vigente con el Ministerio del Interior por más de $30 millones.
El Instituto Anticorrupción pidió que se investigue al presidente Gustavo Petro por las denuncias de Deicy Jiménez y por posibles irregularidades asociadas a contratos con el Estado, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio la relación entre poder político, contratación pública y denuncias de presunta presión institucional. La solicitud llega después de que se conocieran registros oficiales que muestran que Jiménez ha firmado diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026, incluido uno vigente con el Ministerio del Interior por más de $30 millones.
De acuerdo con la información consultada por La FM, los contratos de Jiménez no se limitan a un solo despacho ni a una sola vigencia, sino que aparecen vinculados a distintas entidades públicas a lo largo de varios años. Ese dato es clave porque abre dos preguntas al mismo tiempo: por un lado, si existe o no un patrón contractual que deba ser revisado por los organismos de control; por otro, si las denuncias de Jiménez tienen o no el peso suficiente para activar una investigación sobre eventuales responsabilidades políticas o administrativas en la Casa de Nariño.
El asunto importa más allá del ruido coyuntural. En Colombia, la contratación estatal suele ser uno de los termómetros más sensibles para medir la salud institucional, porque allí confluyen recursos públicos, favores políticos, redes de intermediación y, en los peores casos, prácticas opacas que erosionan la confianza ciudadana. Si bien la existencia de contratos no prueba por sí sola una irregularidad, el hecho de que una persona que formula denuncias contra el Gobierno mantenga vínculos contractuales con el Estado obliga a mirar el caso con lupa: qué servicios prestó, bajo qué condiciones fue contratada, quién tomó la decisión y si hubo o no conflictos de interés.
Ahora la discusión queda en manos de las autoridades y de los organismos de control, que deberán determinar si hay elementos suficientes para abrir una investigación formal y establecer si las denuncias tienen sustento o si, por el contrario, se trata de una controversia política amplificada por el clima de confrontación que rodea al Gobierno. En un país donde cada escándalo de contratación termina por golpear la credibilidad institucional, el desenlace de este caso puede decir mucho sobre el nivel real de vigilancia del Estado sobre sí mismo.
