Piden investigar a Petro por denuncias sobre contratos a cambio de favores sexuales
Imagen: infobae colombia
Una nueva solicitud judicial pone a Gustavo Petro bajo la lupa por las denuncias de la ex trabajadora sexual Deicy Jiménez sobre presuntas entregas de contratos estatales a cambio de favores sexuales. El abogado Felipe Caballero Sierra pidió a la Fiscalía entrevistarla con protección y remitir copias a la Corte Suprema.
Las denuncias de Deicy Jiménez sobre presuntos intercambios de contratos con el Estado a cambio de favores sexuales volvieron a poner al presidente Gustavo Petro en el centro de una tormenta política y judicial. Según informó Infobae Colombia, el abogado Felipe Caballero Sierra solicitó que la Fiscalía la cite a entrevista con garantías de seguridad y confidencialidad, al tiempo que pidió compulsar copias ante la Corte Suprema para que se evalúe el alcance de los señalamientos.
La solicitud abre un nuevo frente en una discusión que ya no se limita al ruido mediático: si una declaración de este tipo se convierte en material de investigación, el asunto podría tocar no solo posibles conductas indebidas dentro de la esfera del poder, sino también eventuales responsabilidades penales y disciplinarias de alto nivel. Por ahora, la información disponible apunta a que se busca formalizar el testimonio de Jiménez bajo condiciones que protejan su integridad, algo clave cuando las denuncias involucran relaciones de poder, miedo a represalias y presuntas redes de intermediación en la contratación pública.
En Colombia, las denuncias que relacionan favores personales con asignación de contratos no son un asunto menor. Golpean de frente la credibilidad institucional y alimentan la percepción de que el acceso al Estado puede estar condicionado por lealtades, cercanías o intercambios ilegales. Si la Fiscalía acepta escuchar a Jiménez y remitir el expediente a la Corte Suprema, el caso podría ganar tracción jurídica y política, especialmente en un contexto donde cualquier señalamiento contra el presidente se convierte de inmediato en combustible para la confrontación entre Gobierno, oposición y opinión pública.
Más allá del impacto inmediato en la Casa de Nariño, este episodio expone un problema de fondo: la fragilidad de la confianza ciudadana en la contratación estatal. Cuando aparecen denuncias de presuntas ventajas indebidas, el debate deja de ser solo sobre un nombre propio y se traslada a la pregunta más incómoda para el país: quién controla realmente el acceso a los recursos públicos y bajo qué condiciones se reparten. Si el caso avanza, el desenlace no solo medirá la capacidad de las instituciones para investigar al poder, sino también la resistencia del sistema político colombiano a los escándalos que lo atraviesan.
