Hernández reabre la polémica por el crimen de Miguel Uribe y apunta al Gobierno
Imagen: infobae colombia
Jota Pe Hernández elevó el tono contra el Gobierno al denunciar vacíos en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay y señalar posibles nexos entre funcionarios y disidencias armadas. El debate revive la tensión política alrededor del crimen del senador y precandidato.
El debate por el asesinato de Miguel Uribe Turbay volvió a sacudir el tablero político colombiano luego de que Jota Pe Hernández, militante de Alianza Verde, acusara omisiones en la investigación y pusiera el foco sobre posibles responsabilidades que, según él, alcanzan tanto a figuras del actual Gobierno como a estructuras armadas ilegales. La intervención del congresista no solo reabrió una herida aún sensible en la opinión pública, sino que también elevó la presión sobre las autoridades encargadas de esclarecer un crimen que sigue teniendo lecturas políticas, judiciales y de seguridad nacional.
Hernández sostuvo que el caso no puede limitarse a capturas o hipótesis parciales y que la investigación debe revisar con mayor rigor las posibles conexiones entre el asesinato y sectores que, a su juicio, habrían tenido motivaciones para atacar al entonces senador y precandidato presidencial. En su señalamiento, el congresista insinuó que el crimen no habría sido un hecho aislado y recordó episodios de confrontación política en los que el presidente Gustavo Petro cuestionó con dureza a Uribe Turbay. Su mensaje buscó instalar una idea central: que detrás del homicidio podría haber una trama más amplia de la que se ha reconocido públicamente hasta ahora.
La gravedad de la acusación no está solo en el contenido, sino en el momento político en que aparece. Colombia sigue enfrentando el peso de la violencia contra líderes políticos y sociales, un patrón que históricamente ha dejado zonas grises, expedientes incompletos y dudas sobre los autores intelectuales. Por eso, cuando un congresista afirma que hay omisiones y sugiere que disidencias armadas y figuras cercanas al poder pudieron tener algún grado de influencia, el caso deja de ser únicamente judicial y se convierte también en un espejo de la desconfianza institucional. En un país marcado por décadas de amenazas, atentados y asesinatos selectivos, cada nuevo señalamiento reabre preguntas sobre la capacidad del Estado para proteger a la oposición y esclarecer los crímenes políticos con independencia real.
Más allá de la disputa entre bancadas, el episodio confirma que el asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue siendo una bomba política de alto voltaje. Si la investigación no avanza con resultados verificables y transparentes, el vacío será ocupado por narrativas de sospecha, polarización y retaliación verbal. Y eso importa no solo para la clase política: importa para un país donde la impunidad frente a la violencia contra líderes públicos termina debilitando la confianza ciudadana en la democracia y en la justicia.
