Santos y De la Calle cierran filas: la JEP no debe prorrogarse
Imagen: El Tiempo - Política
Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle salieron a defender la vigencia del acuerdo de paz y rechazaron cualquier intento de prorrogar el mandato de la JEP. Su mensaje llega en medio de un nuevo pulso político por el futuro de la justicia transicional en Colombia.
Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle volvieron a poner sobre la mesa una de las discusiones más sensibles del posacuerdo: el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ambos rechazaron la idea de prorrogar su mandato y defendieron que el Estado debe ceñirse a lo pactado en La Habana, una postura que reaviva el debate sobre el alcance real de la justicia transicional y sobre la voluntad política de cumplir lo firmado con las Farc.
La intervención de los dos exjefes de la negociación no es menor. Santos, como presidente que firmó el acuerdo de paz en 2016, y De la Calle, como su principal negociador, hablaron en un momento en que distintos sectores del país vuelven a cuestionar la JEP, ya sea por su ritmo, por sus decisiones o por la duración de su trabajo. Según informó El Tiempo - Política, el mensaje de ambos fue claro: la solución no pasa por alargar indefinidamente el mandato del tribunal, sino por respetar los compromisos adquiridos en el acuerdo final.
Ese pronunciamiento tiene una carga política evidente. La JEP no solo juzga crímenes relacionados con el conflicto armado; también representa una de las piezas centrales del modelo de justicia diseñado para cerrar décadas de guerra. Por eso, cualquier discusión sobre su continuidad toca fibras institucionales, jurídicas y simbólicas. En la práctica, el debate no se limita a un asunto técnico: define si Colombia quiere sostener una salida negociada con reglas estables o si está dispuesta a reabrir, por vía política, uno de los pilares del pacto de paz. Para víctimas, comparecientes y para el Estado mismo, el mensaje de Santos y De la Calle apunta a una idea sencilla pero incómoda: la credibilidad del acuerdo depende de que no se reescriba según las coyunturas del momento.
El trasfondo es más amplio de lo que parece. La JEP ha sido blanco de críticas desde distintos flancos: unos la consideran demasiado lenta; otros, demasiado indulgente; otros más, indispensable para conocer la verdad y reparar a las víctimas. En ese choque se mueve una parte del país que todavía no termina de aceptar el pacto firmado hace casi una década. Y allí radica la importancia de esta voz conjunta: no solo defiende un tribunal, sino una arquitectura de paz que, con todas sus tensiones, sigue siendo uno de los mayores intentos institucionales de Colombia por dejar atrás la guerra sin renunciar a la justicia.
