Juez frena cierre de zona de excombatientes en Putumayo y congela decisión del Gobierno
Imagen: infobae colombia
Un juez de Puerto Asís frenó de forma temporal el cierre de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo. La decisión responde a una tutela de 99 exintegrantes de Comandos de Frontera, que alegan riesgos para sus derechos y falta de garantías para el desalojo.
El cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en Putumayo, quedó en pausa. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender de manera transitoria los efectos de la resolución con la que el Gobierno había dispuesto el fin de ese espacio, una decisión que estaba prevista para el próximo 30 de septiembre y que ahora queda sujeta a revisión judicial.
La medida se produjo luego de que el despacho admitiera una acción de tutela presentada por 99 exintegrantes de Comandos de Frontera, quienes sostienen que el cierre los expone a una posible vulneración de derechos fundamentales. Según la información conocida por Blu Radio, el juez ordenó a la Presidencia suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 389 del 9 de septiembre de 2026, mientras se toma una decisión de fondo sobre el amparo. Los accionantes argumentan que la terminación anticipada de la ZUT afecta su vida, integridad, seguridad, tránsito a la vida civil, reincorporación, debido proceso administrativo, confianza legítima y, en última instancia, su posibilidad de permanecer bajo unas condiciones mínimas de protección.
La controversia no es menor. En su solicitud, los excombatientes pidieron que no solo se frene el desalojo material de la zona, sino que antes exista un plan de tránsito verificable, con participación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que establezca qué ocurrirá con quienes permanecen allí una vez se cierre formalmente el espacio. También reclamaron que continúen los servicios básicos de salud, alimentación y habitabilidad, además de las medidas de seguridad que venían siendo garantizadas por el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional. En su argumento, el cierre se adelantaría incluso antes de cumplirse el plazo de 10 meses que, según ellos, había sido fijado previamente por el propio Gobierno en la Resolución 053 de 2026, lo que habría incrementado la incertidumbre sobre su situación jurídica y de seguridad.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una de las tensiones más delicadas de la política de paz y reincorporación en Colombia: cómo cerrar un espacio de transición sin dejar a sus ocupantes en un vacío institucional. De acuerdo con lo planteado en la tutela, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización habría dejado de tener presencia física en la zona desde la semana del 6 de septiembre de 2026, un hecho que, según los accionantes, agravó el desamparo. Más allá del pulso entre una decisión administrativa y una medida cautelar, el fondo del asunto es político y humanitario: si el Estado decide desmontar un esquema temporal, debe demostrar que tiene listo el reemplazo. En contextos como el de Putumayo, donde confluyen disputas armadas, economías ilegales y una institucionalidad frágil, cualquier salida improvisada puede terminar multiplicando el riesgo para quienes, al menos en el papel, están en proceso de tránsito a la vida civil.
