Juez ordena a Silvia Gette entregar rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Un juez frenó el retorno de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe y le ordenó entregar el cargo que había recuperado en abril. La decisión coincide con otra orden judicial que obliga a la institución a pagarle más de 7.500 millones de pesos y abre un nuevo capítulo de tensión interna.
Un juzgado le cerró la puerta a Silvia Gette para seguir al frente de la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe y le ordenó entregar el cargo que había retomado en abril. La decisión llega en un momento delicado para la institución, porque casi al mismo tiempo se conoció otra orden judicial que la favorece con el pago de más de 7.500 millones de pesos y medidas de embargo contra la universidad, según informó El Tiempo (Colombia).
El nuevo fallo vuelve a mover el tablero de una pelea institucional que no solo es administrativa, sino también financiera y reputacional. Gette, una figura que ha estado en el centro de los debates sobre el rumbo de la Universidad Autónoma del Caribe durante años, había recuperado la rectoría en abril, pero ahora la justicia le exige apartarse del cargo. En paralelo, la universidad enfrenta una presión económica de gran magnitud por la orden de pagar una suma millonaria que, de cumplirse, podría comprometer aún más su estabilidad operativa.
Lo que está en juego va más allá de un nombre en la rectoría. Para una universidad privada, una disputa de esta naturaleza puede traducirse en incertidumbre para profesores, estudiantes, trabajadores y proveedores, además de afectar la confianza sobre la gobernabilidad interna de la institución. En el Caribe colombiano, donde la Autónoma ha sido una de las universidades con mayor tradición y peso simbólico, cada decisión judicial sobre su dirección tiene efectos que se sienten en la comunidad académica y en la discusión pública sobre el manejo de los recursos y el control institucional.
El choque entre la orden de apartar a Gette y la obligación de pagar una suma superior a los 7.500 millones de pesos deja a la universidad en una posición compleja. No solo deberá resolver quién conduce su administración inmediata, sino también cómo responderá a un frente judicial que puede impactar sus finanzas en el corto plazo. En esa tensión se juega buena parte del futuro de la institución: si logra estabilizarse o si entra en una nueva fase de disputa que prolongue la incertidumbre.
