Juzgado de Cartagena admite tutela por peajes entre Cartagena y Barranquilla
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Un juzgado de Cartagena admitió una tutela contra Invías y el Ministerio de Transporte por la continuidad del cobro en seis peajes de la vía entre Cartagena y Barranquilla. El recurso pide aclarar qué sustenta legal y administrativamente esas tarifas y abre un nuevo frente de presión sobre la operación vial en la región.
La disputa por los peajes en la vía entre Cartagena y Barranquilla entró en una nueva fase judicial. Un juzgado de Cartagena admitió una tutela contra el Invías y el Ministerio de Transporte, presentada para que ambas entidades expliquen los fundamentos legales y administrativos que respaldan el cobro continuo de tarifas en seis puntos de recaudo de ese corredor vial.
La acción judicial no cuestiona solo el valor que pagan los conductores, sino la base misma sobre la que se mantiene el cobro. Según informó El Tiempo (Colombia), el recurso busca que el Estado precise por qué siguen operando esos peajes y bajo qué decisiones administrativas se sostiene su permanencia, en medio de un debate que desde hace años mezcla infraestructura, costos para los usuarios y malestar ciudadano.
El caso importa porque toca una de las tensiones más frecuentes en Colombia cuando se habla de vías concesionadas o administradas por el Estado: quién paga, por qué paga y durante cuánto tiempo. En una ruta clave para el Caribe colombiano, cualquier decisión sobre peajes tiene impacto directo en transporte de carga, turismo, movilidad intermunicipal y costo de vida. Si la tutela prospera, el juzgado podría obligar a las entidades a entregar explicaciones más detalladas o revisar la forma en que se soporta jurídicamente la operación de esos cobros.
Más allá del expediente, el mensaje político y social es claro: la discusión sobre peajes ya no se limita a quejas en carretera o a pronunciamientos aislados de autoridades locales. Cuando un juez admite una tutela, el asunto gana peso institucional y puede poner bajo la lupa decisiones que durante años se asumieron como parte normal del funcionamiento vial. Para miles de conductores y transportadores del Caribe, el resultado del proceso puede traducirse en algo muy concreto: seguir pagando lo mismo, ver ajustes en la operación o, al menos, obligar al Gobierno a explicar con mayor claridad por qué esa carga sigue vigente.
