Juzgado frena tutela contra el ICBF por polémica sobre el término “niñas”
Imagen: El Tiempo - Política
Un juzgado de Cúcuta cerró la puerta a una tutela contra el ICBF por la polémica sobre el uso de la palabra “niñas” en su lenguaje institucional. La decisión reaviva el debate sobre lenguaje incluyente, niñez y los límites de la acción de tutela.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta declaró improcedente la tutela presentada contra el ICBF por la controversia que surgió alrededor del uso de la palabra “niñas” en su comunicación institucional. La decisión, según informó El Tiempo - Política, pone freno por ahora a una discusión que trascendió el plano jurídico y se instaló en el centro del debate público sobre lenguaje incluyente, protección de derechos y el alcance de las instituciones del Estado al momento de nombrar a la infancia.
Aunque el fallo no entra a resolver de fondo la discusión semántica o política alrededor del término, sí deja claro que la acción judicial no era el mecanismo adecuado para atacar la postura del instituto en este caso. En otras palabras, el juzgado consideró que la tutela no cumplía con las condiciones necesarias para prosperar. Eso, en la práctica, significa que el reclamo contra el ICBF no obtuvo una respuesta favorable en esta instancia y que la controversia seguirá dependiendo más del debate institucional y ciudadano que de una orden judicial inmediata.
La relevancia del caso va más allá de una disputa sobre palabras. En Colombia, el uso del lenguaje institucional se ha convertido en un terreno sensible, especialmente cuando se cruza con discusiones sobre género, infancia y derechos. Para sectores que defienden fórmulas inclusivas, el modo en que una entidad pública nombra a las personas no es un asunto menor: define visibilidad, reconocimiento y trato digno. Para otros, estas discusiones terminan desviando la atención de problemas más urgentes que afectan a los menores, desde la violencia hasta la precariedad en la atención estatal. Por eso este fallo importa: no solo por lo que resuelve, sino por lo que revela sobre la tensión entre identidad, política pública y justicia constitucional.
El caso también expone una realidad cada vez más frecuente en Colombia: la judicialización de debates culturales que antes se resolvían en espacios políticos o administrativos. Que un juzgado de Cúcuta haya declarado improcedente la tutela no cierra la conversación; al contrario, la ordena. El ICBF queda, al menos por ahora, sin una sanción judicial en este frente, pero la presión social sobre su forma de comunicar seguirá viva. Y en un país donde el lenguaje institucional pesa tanto como las decisiones de fondo, lo que una entidad decide decir —o dejar de decir— sigue teniendo efectos concretos sobre cómo el Estado entiende y reconoce a quienes dice proteger.
