Bello alerta por posible libertad de procesados en el caso Sara Millerey
Imagen: depor
La Alcaldía de Bello encendió las alarmas por la posible libertad de los dos procesados por el asesinato de Sara Millerey, un caso que lleva más de un año sin resolverse. La administración pidió a la Fiscalía acelerar el trámite para evitar un eventual vencimiento de términos.
La Alcaldía de Bello rechazó la posibilidad de que los dos hombres procesados por el asesinato de Sara Millerey queden en libertad por vencimiento de términos y pidió a la Fiscalía mover con urgencia el expediente. La advertencia no es menor: si la defensa logra ese beneficio tras más de un año de trámites, el caso podría sufrir un golpe duro en la percepción de justicia para una familia que sigue esperando respuestas y para una comunidad que vio cómo un crimen grave se enredaba en los tiempos del sistema penal.
Según informó depor, la Administración municipal le solicitó al ente acusador acelerar el trámite judicial para evitar que la defensa de los señalados alegue que se agotaron los plazos legales. En Colombia, el vencimiento de términos se convierte muchas veces en una salida para procesados cuando la investigación o el juicio no avanzan al ritmo esperado, especialmente en expedientes complejos o con múltiples incidentes procesales. En este caso, el hecho de que haya transcurrido más de un año desde el crimen alimenta la preocupación institucional de Bello, que no quiere que una demora termine favoreciendo a los acusados antes de que exista una decisión de fondo.
El asunto importa por algo más profundo que el solo desenlace de este proceso: vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de la respuesta judicial en hechos que conmocionan a la ciudadanía. Cuando un caso de asesinato termina estancado, la discusión deja de ser únicamente penal y pasa a tocar la confianza pública en la justicia, la capacidad de la Fiscalía para sostener las acusaciones y la obligación del Estado de llegar a una verdad judicial en tiempos razonables. Para una ciudad como Bello, golpeada en distintos momentos por la violencia y por la sensación de impunidad, la eventual libertad de los procesados sería leída por muchos como una señal de que el sistema llega tarde, incluso cuando hay presión social y política por resultados. Y para la Colombia cotidiana, donde miles de procesos se atrasan por congestión, audiencias aplazadas y maniobras de defensa, este caso refleja un problema estructural: la justicia no solo debe investigar bien, también debe llegar a tiempo.
En ese contexto, la reacción de la Alcaldía busca marcar una posición política y institucional: no dejar que el expediente se pierda en la maraña procesal. Pero la pelota sigue en el terreno de la Fiscalía y de los jueces, que deberán definir si el caso avanza con la rapidez que exige la gravedad del crimen o si, por el contrario, la demora abre la puerta a una libertad que dejaría un fuerte sabor de impunidad. En un país donde la ciudadanía suele enterarse de los procesos judiciales solo cuando ya es tarde, el caso de Sara Millerey se convierte en una prueba incómoda para el sistema: no basta con capturar y acusar, también hay que sostener el proceso hasta el final.
