La Audiencia Nacional decide si extradita a Chambers Jr. a Estados Unidos

La Audiencia Nacional de España revisa este viernes la petición de extradición de James “Fergie” Cox Chambers Jr., un filántropo estadounidense que lleva detenido desde el 10 de julio en Ibiza y que Washington quiere sentar en el banquillo por presunto blanqueo internacional de capitales y por una supuesta financiación indirecta de Hamás. La Fiscalía española respalda la entrega, pero la defensa insiste en que el caso tiene un trasfondo político y forma parte de una represalia por su activismo en favor de Palestina.

Según la documentación remitida por Estados Unidos y citada en el informe fiscal, Chambers habría canalizado fondos hacia Túnez y hacia territorio palestino en operaciones que, de acuerdo con la acusación, podrían haber terminado beneficiando a estructuras vinculadas al terrorismo. Además, se le atribuye conspiración para provocar disturbios y participación en acciones de protesta de alta tensión tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Entre los elementos que Washington expone figuran la compra de candados, cadenas y cables presuntamente usados en una acción contra instalaciones de una empresa armamentística israelí en Estados Unidos, así como su supuesto rol de coordinación en una protesta que terminó con accesos bloqueados, fachada vandalizada y ventanas rotas.

La defensa, a cargo del despacho Ilocad, encabezado por el exjuez Baltasar Garzón, rechaza de plano esa lectura. Sostiene que los hechos ya fueron juzgados en Estados Unidos, donde otros implicados recibieron condenas de unos 60 días de cárcel, y considera desproporcionado que para Chambers se pidan cinco años de prisión. También argumenta que la causa responde a una persecución de la administración Trump por su respaldo a la causa palestina, una tesis que la Fiscalía española descarta al subrayar que los delitos reclamados encajarían, en caso de ser juzgados en España, en figuras como financiación del terrorismo, daños, desórdenes públicos terroristas o integración en grupo terrorista.

El caso importa más allá del expediente individual porque vuelve a poner sobre la mesa una frontera cada vez más difusa entre protesta política, activismo transnacional y acusaciones de apoyo material al terrorismo. Si la Audiencia Nacional avala la extradición, Chambers quedará en manos de la justicia estadounidense y el debate se moverá al terreno penal; si la rechaza, el fallo será leído como un límite a las solicitudes de entrega cuando el reclamado alega motivaciones políticas. En un contexto de máxima sensibilidad por la guerra en Gaza y sus réplicas en Europa y Estados Unidos, la decisión también medirá hasta dónde están dispuestos los tribunales a distinguir entre solidaridad con Palestina y posible colaboración con estructuras consideradas terroristas.