La detención de Ali Lmrabet reaviva las dudas sobre la libertad de prensa en Marruecos
Imagen: El País
El arresto del periodista disidente marroquí Ali Lmrabet ha reabierto las dudas sobre la libertad de prensa en Marruecos y ha generado rechazo dentro y fuera del país. Su detención en Rabat, tras dos décadas residiendo en España, es vista por organizaciones de derechos humanos como una señal alarmante.
La detención del periodista disidente Ali Lmrabet en Marruecos ha encendido nuevas alarmas sobre el estado de la libertad de prensa en el país norteafricano. El caso, denunciado por organizaciones marroquíes e internacionales, no solo vuelve a poner en el centro la relación del poder con la crítica periodística, sino que también exhibe el costo que todavía enfrentan quienes incomodan a las autoridades desde el exilio o dentro del propio territorio marroquí.
Según informó El País, Lmrabet fue arrestado en Rabat pese a haber residido durante dos décadas en España, donde se había asentado tras ser encarcelado e inhabilitado para ejercer el periodismo en Marruecos. Ese antecedente es clave: no se trata de una detención aislada, sino de un episodio que se suma a un historial de sanciones contra una voz incómoda para el aparato estatal. Las reacciones no tardaron en llegar. Colectivos de defensa de la prensa y grupos de derechos humanos han cuestionado la legalidad y el mensaje político de la medida, al considerar que el caso puede tener un efecto disuasorio sobre otros reporteros y activistas.
El episodio importa por lo que revela más allá de un nombre propio. Marruecos ha intentado proyectar en los últimos años una imagen de apertura y estabilidad, especialmente ante Europa, con la que mantiene vínculos diplomáticos, comerciales y migratorios de enorme peso. Pero casos como el de Lmrabet recuerdan que la modernización institucional convive con límites muy marcados a la disidencia. En la práctica, cuando un periodista crítico termina detenido después de años fuera del país, el mensaje que recibe el gremio es claro: la distancia geográfica no garantiza protección y la crítica sigue teniendo consecuencias. Para la prensa marroquí, ya sometida a presiones, vigilancia y autocensura, este tipo de procesos refuerza un clima de temor que empobrece el debate público y debilita el derecho ciudadano a estar informado.
En términos más amplios, lo ocurrido también obliga a mirar cómo se gestionan las libertades en regímenes que buscan reconocimiento internacional sin asumir plenamente el costo político de tolerar voces contrarias. Marruecos sigue siendo un socio estratégico para varias capitales europeas, pero la estabilidad no puede convertirse en coartada para normalizar la persecución selectiva de periodistas. Si el caso de Lmrabet avanza sin garantías claras, no solo se profundizará la desconfianza sobre el sistema judicial y político marroquí: también crecerá la percepción de que la libertad de prensa allí sigue dependiendo menos de la ley que de la conveniencia del poder.
