Juez frena la eutanasia de Major, el perro de asistencia que lleva 545 días encerrado

Imagen: infobae mundo
Un juez federal frenó de manera temporal la eutanasia de Major, un perro de asistencia en Texas que lleva 545 días encerrado y se ha convertido en el centro de una batalla legal y emocional. Su dueño, Shane Lilly, tiene diez días para probar que puede rehabilitarlo y evitar su sacrificio.
La historia de Major, un pastor belga malinois entrenado como perro de asistencia para acompañar a Shane Lilly durante sus crisis epilépticas, dio un giro decisivo en Texas: un juez federal suspendió de forma temporal la orden de eutanasia que pesaba sobre él. La medida compra tiempo en una cuenta regresiva que ya suma 545 días de encierro y deja en manos del dueño la responsabilidad de demostrar, en apenas diez días, que el animal puede rehabilitarse y volver a ser seguro.
De acuerdo con lo informado por infobae mundo, Major no es un perro cualquiera ni un caso ordinario de control animal. Su entrenamiento estaba orientado a intervenir en momentos críticos de salud de Lilly, un tipo de vínculo que en Estados Unidos suele estar protegido por reglas específicas cuando se trata de animales de asistencia. Sin embargo, el expediente del perro terminó en los tribunales, donde la discusión dejó de ser solo veterinaria o administrativa y pasó a tocar un punto sensible: qué hacer cuando un animal útil para una persona vulnerable también representa, según las autoridades, un riesgo que no ha sido resuelto.
El caso revela una tensión cada vez más visible entre la protección de la salud pública, la responsabilidad legal de los dueños y el valor de los animales de asistencia en la vida cotidiana. En Texas, como en otros estados, las autoridades locales pueden empujar hacia la eutanasia cuando consideran que un perro no es recuperable o cuando hay dudas sobre su comportamiento. Pero la intervención de un juez federal introduce otro nivel de examen, uno que obliga a ponderar si hubo suficiente margen para la rehabilitación y si se respetaron las garantías mínimas antes de tomar una decisión irreversible. En términos prácticos, eso significa que Major no solo pelea por su vida: también se discute hasta dónde llega el Estado cuando decide sobre un animal que puede ser esencial para la estabilidad de una persona con epilepsia.
La próxima semana será decisiva. Si Shane Lilly logra convencer al tribunal de que Major puede rehabilitarse, el perro podría salir del limbo legal en el que ha permanecido durante casi un año y medio. Si no lo consigue, la suspensión temporal desaparecerá y volverá a activarse la posibilidad de sacrificio. Más allá del desenlace, el caso deja una pregunta incómoda sobre la mesa: en un país donde los perros de asistencia pueden cambiar la vida de sus dueños, ¿qué ocurre cuando el sistema que debía protegerlos termina empujándolos hacia una sentencia de muerte?



