Fiscalía Europea investiga posible fraude en compra de pulseras antimaltrato
Imagen: infobae
La Fiscalía Europea ha intensificado la investigación sobre la compra de las pulseras antimaltrato en España y se ha personado en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas. El caso apunta a un posible fraude con fondos comunitarios y cuenta con el apoyo de la UCO.
La Fiscalía Europea ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la compra de las pulseras antimaltrato en España y se ha personado en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas para revisar el expediente. El foco está puesto en un posible fraude relacionado con los fondos comunitarios utilizados para adquirir estos dispositivos telemáticos, una herramienta clave para el control de agresores y la protección de víctimas de violencia de género.
Según informó infobae, la pesquisa fue abierta el año pasado y cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que revela que el caso ya había superado la fase preliminar. La actuación de la Fiscalía Europea no solo busca determinar si hubo irregularidades administrativas o contractuales, sino también establecer si se produjo un uso indebido del dinero procedente de la Unión Europea destinado a financiar estos sistemas de protección. La presencia del organismo en dos instituciones sensibles como Igualdad y el Tribunal de Cuentas marca un endurecimiento de la investigación y amplía el alcance del escrutinio sobre cómo se gestionaron los contratos.
El caso tiene una dimensión especialmente delicada porque afecta a un programa vinculado con la seguridad de mujeres víctimas de violencia machista. Las pulseras antimaltrato no son un detalle burocrático: forman parte de la infraestructura pública que permite vigilar el cumplimiento de órdenes judiciales y reducir el riesgo de reincidencia de los agresores. Por eso, cualquier sospecha sobre sobrecostes, irregularidades en la contratación o mala gestión de fondos europeos no solo compromete la transparencia institucional, sino que puede abrir un debate más amplio sobre la eficacia del sistema y la supervisión de recursos destinados a políticas de protección. En España, donde la violencia de género sigue siendo una preocupación estructural, este tipo de investigaciones tienen un impacto político y social inmediato.
A partir de ahora, la atención estará puesta en el resultado de las diligencias y en si la investigación deriva en responsabilidades administrativas, contables o penales. También quedará por ver si el caso provoca una revisión de los mecanismos de control sobre los contratos financiados con dinero europeo. En un asunto tan sensible, la clave no es solo si hubo fraude, sino qué falló en la cadena de supervisión para que una herramienta pensada para proteger vidas termine bajo sospecha.
