La Fiscalía llevará al Supremo el caso del matrimonio que encerró a sus hijos en Oviedo
Imagen: El País
La Fiscalía llevará al Supremo la decisión que dejó en libertad al matrimonio acusado de encerrar a sus hijos en Oviedo. El recurso busca revertir una calificación penal que, según el alto tribunal asturiano, solo encaja como abandono de familia.
La Fiscalía ha decidido mover ficha y recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que dejó en libertad al matrimonio acusado de encerrar a sus hijos en su vivienda de Oviedo. El caso, que generó una fuerte alarma social por la gravedad de los hechos investigados, queda ahora a la espera de que la Sala Penal del alto tribunal decida si corrige la interpretación del tribunal asturiano o si mantiene una calificación mucho más leve de la conducta de los progenitores.
La clave del choque jurídico está en la valoración de los hechos. Según informó El País, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias concluyó que los acusados solo podían ser considerados autores de un delito de abandono de familia, un tipo penal castigado con seis meses de prisión. Esa lectura rebaja de forma notable la respuesta judicial frente a una situación que, por su naturaleza, apuntaba a una privación prolongada de libertad y a una vulneración severa de los derechos de los menores. La Fiscalía, sin embargo, entiende que la decisión no se ajusta a la gravedad real del caso y por eso acudirá al Supremo para intentar que se revise el criterio aplicado.
Más allá del trámite procesal, el asunto vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo en la justicia española: hasta dónde llega la frontera entre los delitos de abandono, maltrato y detención ilegal cuando los hechos suceden dentro del núcleo familiar y afectan a menores. No es una discusión menor. De esa calificación depende no solo la pena, sino también el mensaje institucional que se envía sobre la protección de los niños frente a abusos ejercidos precisamente por quienes tienen el deber legal de cuidarlos. En un país donde los casos de violencia intrafamiliar suelen tardar en aflorar por el encierro y el silencio, la respuesta penal adquiere una dimensión que va mucho más allá de este expediente concreto.
La decisión del Supremo será observada con atención por juristas y por quienes siguen los casos de protección de menores, porque puede marcar criterio en procesos similares. Si el alto tribunal respalda a la Fiscalía, el caso podría reencuadrarse con penas más duras y una lectura más severa sobre el aislamiento impuesto a los hijos. Si no lo hace, quedará consolidada una interpretación que muchos verán como insuficiente frente a una de las conductas familiares más perturbadoras que pueden llegar a los tribunales.
